¿Cuántos desmanes más se necesitan?

Lastimosamente muchas universidades públicas de Bogotá se han convertido en fortines de unos cuantos agitadores que, sin consideración a sus compañeros o a los estudiantes (porque a veces ni pertenecen a la institución), arman tropel sin motivo alguno y emprenden una lucha campal contra la Policía Nacional a costa del orden, la tranquilidad y los bienes públicos y privados de la ciudad.

 

Históricamente las universidades públicas y también las privadas, han sido espacios de manifestaciones, muchas pacíficas, como dicta y protege la Ley, pero también de caóticas asonadas, desmanes o como se le quiera llamar a los diferentes tipos de eventos que perturban sin justificación el orden público.

 

Para muchos, y sobre todo para buena parte de los que hoy gobiernan, el hecho de que la ‘protesta’ conlleve acciones violentas, de vandalismo o terrorismo es aceptable y justificado. Es más, varias credenciales electas y fuertes opinadores fomentan e incitan a que esto suceda y hasta defienden a cabalidad los daños o perjuicios que estos eventos ocasionen a la sociedad o a terceros como si fueran males necesarios que debemos soportar.

 

Además, porque esos mismos ‘defensores de la causa’ son los que se han encargado durante años de normalizar lo indefendible y volver casi que políticamente imposible que un mandatario o, inclusive, un rector, sea de la ideología que sea, intervenga o tome medidas contundentes para evitar que estos colectivos o agitadores -muchos financiados por grupos subversivos- destruyan las instituciones educativas, afecten a los buenos estudiantes y acaben con la ciudad.

 

 

No es normal que sea de conocimiento general y estemos obligados a aceptar sin poder hacer nada al respecto, que el panorama mensual o a veces semanal para los bogotanos sean disturbios por cualquier motivo, como sucedió en la catedral primada o en la Universidad Pedagógica en los últimos días, y que por ello, nos veamos todos y la capital perjudicados.

 

Por eso creo que estamos en una situación extorsiva, donde la falta de carácter de los alcaldes y rectores ha logrado, sumado a una cínica pero eficaz protección de una parte de la prensa, políticos de izquierda que cada día buscan maniatar aún más las capacidades de la Policía, jueces y fiscales permisivos y elocuentes opinadores que silencian a cualquier persona que hable en contra de esta realidad, llevar al Estado a la completa inacción y, por ende, a la vulnerabilidad total de la ciudadanía.

 

Es un tema vetado, que nadie busca abordar por temor a los mismos violentos y a los pseudo moralistas que arrojan a la hoguera pública todo aquel, como estoy haciendo en esta columna, se atreva a decir: ¡No más! Hasta el ministro Ozuna, siendo parte de estos ‘defensores’ del caos, nos aclaró en recientes entrevistas que “quienes queman un bus, una casa o matan a alguien, serán castigados, pero no son terroristas. Tienen derecho a estar furiosos.”

 

Como siempre, la izquierda, preocupada más por el bienestar del criminal que en el de las víctimas. Vamos con impulso al despeñadero. Clic para tuitear

 

Como siempre, la izquierda, preocupada más por el bienestar del criminal que en el de las víctimas. Vamos con impulso al despeñadero.