la contratación porque nadie contrata si no puede despedir. Hasta hoy, el despido sin justa causa ha sido viable mediante una indemnización, pero lo que propone la reforma es que un juez sea quien decida si un trabajador puede ser despedido o no. Eso, después de un proceso que nadie sabe cuánto durará, no solo por la congestión inherente a los juzgados sino por las consabidas artimañas para alargar un proceso.
También se necesitará el permiso de un juez para poder contratar un trabajador a término fijo, lo que será excepcional, pues el gobierno pretende privilegiar el trabajo a término indefinido, como si aún estuviéramos en esas épocas en que nuestros padres y abuelos laboraban toda la vida en la misma empresa.
Sin duda, se trata de una insólita intromisión estatal en la actividad productiva. Un golpe mortal contra la libertad de empresa, la iniciativa individual, el libre mercado… Todo por el prurito ideológico de evitar la supuesta explotación del trabajador por parte del capital. A eso se resume todo. No es una reforma para combatir el desempleo y la informalidad sino para destruir nuestro modelo económico y hacernos dependientes de los subsidios del Estado, como toda la reformatón de Petro.
La reforma laboral que propone este narcogobierno se parece más al pliego de peticiones de un sindicato que a unas proposiciones serias. Clic para tuitear
