La actuación legal y policial, en particular las investigaciones y actuaciones judiciales de la Corte Suprema de Justicia, deberían, siempre que sea posible, llevarse a cabo respetando los derechos fundamentales, en particular el derecho a la presunción de inocencia hasta que se dicte sentencia condenatoria firme y el derecho a la defensa internacionalmente reconocidos, incluidos los derechos a la vida privada y familiar, a la protección de los datos personales y a la no discriminación, principios que protegen a las personas procesadas de un trato injusto e ilegal.
Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos proclamados en el ámbito internacional y evitar verse involucrados en abusos de estos, así como las normas y los valores constitucionales sobre la igualdad de trato y la protección legal apropiada, especialmente de modo que la Corte Suprema de Justicia no socave su credibilidad como defensora de los derechos humanos dentro de sus fronteras y a escala internacional. Además, esta Corte Suprema debe evitar enfoques y procedimientos investigativos que puedan dañar innecesariamente los derechos de las personas investigadas, velando al mismo tiempo por suprimir todo obstáculo a las actuaciones judiciales, o perjudicar a su imagen en el país y a su credibilidad como promotora del Derecho internacional; considerando que los niveles relativos a la igualdad de trato, a la no discriminación y a la protección jurídica deben seguir constituyendo un verdadero “modelo” en este campo. Procede señalar, no obstante, que tal no es el caso en el asunto del presidente Álvaro Uribe Vélez, y que no se hayan respetado los principios enunciados en el presente texto. A este respecto, se señala en primer lugar que durante el procedimiento judicial y en la fase de aplicación de las decisiones de justicia contra Uribe Vélez, se levantó serias dudas sobre la imparcialidad del tribunal, la independencia de jueces y magistrados y la presunción de inocencia, por acusaciones carentes de todo fundamento y sin las mínimas garantías procesales propias de un Estado de derecho y del derecho a la tutela judicial efectiva. Todos lo sabemos por las pruebas que hemos visto.
No le dejaron defenderse en el juicio, se violaron los derechos de defensa, dado que los abogados no tuvieron la posibilidad de presentar sus observaciones en tiempo útil antes de la adopción de la decisión controvertida, a contrainterrogar a los testigos de cargo (prosecution witnesses) y a presentar pruebas pertinentes que pudiesen probar su inocencia.
Las prácticas de investigación llevadas a cabo por la propia Corte Suprema – en cuyo caso surgen dudas sobre el cumplimiento de la normativa legal aplicable, como se ha demostrado – es una chapuza jurídica, un juicio fingido y una burla a todas las rimbombantes declaraciones de principios sobre el debido proceso legal, la transparencia, la celeridad y la independencia (garantías judiciales, solemnidades etc.) que deben respetarse, sin excepción durante el desarrollo de las labores de prevención e investigaciones judiciales.
Las principales insuficiencias tienen su origen en un procedimiento legal sin fundamento y basadas en estereotipos o prejuicios, cuya carencia de restricciones, chequeos aleatorios, infracción potencial de la intimidad, “riesgo de estigmatización” y salvaguardias legales adecuadas o herramientas legítimas de la investigación con respecto al uso de datos y filiación política vulneraría inútilmente la intimidad y las libertades civiles, y supondría un riesgo considerable de propiciar prácticas discriminatorias.
Es una acusación y un juicio absurdo que se burla del concepto de democracia y del estado de derecho, en particular plantea hondas preocupaciones sobre la intimidad y puede constituir una infracción de los derechos individuales en el ejercicio de dichos derechos con respecto a los senadores al Congreso, habida cuenta de las normas y procedimientos que rigen su funcionamiento.
El caso de Uribe cuenta con todas las características propias de un proceso injusto y sin las garantías procesales mínimas, difícilmente aceptable en el marco de la legalidad internacional vigente. Se ha visto impregnado de tintes ideológicos que resultan totalmente inadecuados en un juicio.
En este caso resultan totalmente improcedentes. Durante el largo proceso judicial que ha precedido a su arresto domiciliario, Uribe Vélez ha proclamado firme, insistente e inequívocamente su inocencia con relación a las infracciones de las que se le inculpaba. La defensa jurídica del autor y cualificadas organizaciones de derechos humanos han denunciado que el juicio se ha producido sin las debidas garantías, sin respetar los derechos de defensa y que la decisión adoptada, que prescinde de las evidencias existentes, es arbitraria e injusta.
Una vez más afirmamos que se ha cometido una flagrante injusticia que hay que encarar o una injusticia flagrante y destructora. Por si fuera poco, recientemente este caso ha dado un giro de 180 grados, con la orden de libertad promulgada por parte de un juez de garantías para el presidente Uribe -injustamente retenido- que afirmó el compromiso con la democracia y los derechos humanos, lo que reforzó la credibilidad internacional de Colombia. Pese a ello, desgraciadamente, la justicia no ha cerrado el caso en Colombia.
Por eso, hay que apoyar a los abogados defensores para exigir un juicio justo. Después de todo, si el juicio en cuestión fue injusto, eso ya de por sí constituiría un delito. También apoyamos las diversas iniciativas parlamentarias internacionales a favor de un juicio justo que se están debatiendo actualmente y alentamos los esfuerzos de la sociedad civil en favor de este objetivo.
¡Exigimos un juicio justo o la liberación sin condiciones!
