De nada valieron las denuncias de los campesinos de la zona rural de Tuluá y demás municipios del centro-norte del Valle, ni la Alerta Temprana No. 046-20, elevada por el Defensor del Pueblo de la Nación, sobre el riesgo que representaba para la seguridad de la región la presencia de las Farc en armas, ya que las autoridades hicieron oídos sordos, omisión que estamos pagando con sangre.
Las nuevas víctimas de los narcoterroristas de la denominada compañía Adán Izquierdo, de las mal llamadas disidencias de las Farc, con presencia en la zona, fueron el patrullero Jeferson Giovanny Garzón Cárdenas, de 25 años, natural de la ciudad de Bogotá, quien llevaba menos de seis años en la institución, y otros cinco uniformados que resultaron gravemente heridos.
Lo infame de este ataque es que los policías apoyaban una inspección judicial de la Unidad de Restitución de Tierras, creada por la Ley de Víctimas para lograr la reparación integral, indemnización, rehabilitación, garantías de satisfacción y garantías de no repetición de las víctimas, objetivos que por lo visto no son del interés de los farcos en armas.
Este tipo de ataques aleves y premeditados confirmarían que este grupo guerrillero jamás tuvo una voluntad real de paz, pues como explicar la rápida expansión de los hombres de la facción Adán Izquierdo y el despliegue de esta capacidad sanguinaria por los territorios donde siempre tuvo presencia el Frente Sexto, mientras algunos medios de manera ingenua o cómplice siguen hablando de las extinta Farc.
La Defensoría alertada por los llamados angustiosos del campesinado llamó la atención de manera puntual sobre los corregimientos de Barragán, Santa Lucía, Puerto Frazadas, La Moralia, Monteloro, Venus, San Rafael, Tochecito y Altaflor, muy cerca de donde se presentó la embocada a la comisión judicial de Restitución de Tierras.
Hace un poco más de un mes ya habían anunciado su regreso, humillando a 20 solados del Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario No. 6, personal que dadas sus labores humanitarias se encontraban desarmados, cumpliendo los protocolos establecidos para este tipo de misiones, y que se conozca, nada se hizo para responder a esta amenaza de la que fue notificado todo el país.
La desidia del Gobierno Nacional y las Fuerzas Militares para atender con eficacia, eficiencia y efectividad la Alerta Temprana elevada por la Defensoría del Pueblo, solo es superada por el alcalde de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre, quien una vez más demostró su desconexión con la realidad de sus comunidades, ya que incluso se atrevió, irresponsablemente, a invitar a turistear por la zona rural, ignorando el alto riesgo en que colocarían a los ciudadanos que atendieran su llamado.
En una actitud indolente frente al asedio que vienen denunciando los campesinos y residentes de la zona, sometidos nuevamente a extorsiones, reclutamiento y desplazamientos, entre otros delitos, que fueron recogidos y denunciados por la Defensoría, la Alcaldía de Tuluá lanzó una campaña de promoción turística utilizando la imagen de Fernando el ‘Flaco’ Solorzano.
Desconociendo la realidad que se vive en la zona rural del centro del Valle, desde el corregimiento de Venus, el actor extendió una invitación entusiasta a visitar este ‘santuario de paz’, aclarando que está a sólo 15 minutos del casco urbano del ‘Corazón del Valle’ y que la “seguridad es total”, como resultado de los acuerdos de La Habana.
Que le dirá hoy la administración de Gómez Aguirre a la familia del joven patrullero, que a sus escasos 25 años, regresa al seno de su hogar en una caja de madera envuelto en una bandera, mientras el mandatario local se empeña en mostrar una realidad desfigurada de su municipio, cuando lo que debería hacer es actuar con diligencia y responsabilidad.
Algunos medios, periodistas, miembros de la farándula criolla y políticos actúan con ceguera oportunista movidos por la mermelada que les entregó a manos llenas el tartufo Juan Manual Santos, pero la actitud del alcalde de Tuluá configuraría un desconocimiento de las tareas asignadas por el organismo nacional, quien además solicitó a la Personería Municipal, como delegado del Ministerio Público, que hiciera seguimiento y vigilancia al cumplimento de las medidas adoptadas para garantizar protección de los derechos de los ciudadanos.
Este homicidio de un joven policía seguramente no generará el rechazo colectivo y furibundo de esa Colombia que sigue obnubilada con una paz que sólo se siente en los titulares de los grandes medios y de los políticos que reclaman como un logro propio que criminales de lesa humanidad estén en el congreso sin pagar un solo día de cárcel, mientras los humildes soldados y policías que los combatieron y combaten son masacrados sin piedad.
