La molestia que causa pagar impuestos más que por pagarlos se fundamente por el derroche con el que se gastan o la mala inversión con la que se ejecutan. Una tras otra son las trabas que le colocan a los ciudadanos para hacer algún trámite, para exigir sus derechos, incluso para ayudar, y todo se desarrolla con el presupuesto de la nación que se sostiene del pago de cada uno de sus habitantes, es por esto que cuando una persona demanda al estado y sale favorecida con una compensación monetaria es con el bolsillo de cada uno que se repara a la víctima; sin que baste esto surgen demandas días tras día por malos procedimientos de la administración que poco o nada les interesa qué sucede con estos « errores » aún cuando el gobierno anuncia aumento de impuestos, entonces se escucha el grito en el cielo -y en la tierra y debajo de la tierra-.
De tal manera que todos hablan de una reforma tributaria que por supuesto es necesaria, no obstante para las pretensiones del Estado, o de los idealistas que sueñan con la varita mágica que hará funcionar correctamente el engranaje de la noche a la mañana, no es aconsejable seguir el camino soñador. Empezando porque los impuestos que ya existen son bastante altos, en la escala mundial de tributos según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Colombia se ubica en el puesto 11 de 19 países en América Latina, siendo el tema central cómo se gasta lo recaudado pues no por esto se refleja una mejoría considerable en el funcionamiento del estado, del mismo modo a la corrupción tampoco se le puede endilgar toda la responsabilidad.
Lo cierto es que se considera delito todo aquello que esté tipificado -escrito- en el Código Penal como ley colombiana, por lo tanto si una acción no está escrita allí, pues no será delito. Fue por esto que al Madoff colombiano creador de DMG, David Murcia, cuando estafó a miles de personas por más de 2.000 millones de dólares con su pirámide que devolvía ganancias falsas e insostenibles se le imputaron cargos similares a su actuar, pero que no estaban tipificados -contemplados- como delito. De la misma forma, un ejemplo que se encuentra en el ámbito tributario es la destinación del 70% del impuesto al carbono -que se crea con fines ambientales para contrarrestar la adversidad que genera este tipo de mineral- para implementar el «Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera con criterios de sostenibilidad ambiental». Es evidente, no tiene nada que ver la destinación de este impuesto verde con el Acuerdo de Paz, los beneficios ambientales no son ni directos ni indirectos con esta destinación. Ciertamente no existe ningún delito si previamente la ley no lo ha contemplado como tal y esto es excelente, otorgar la potestad de crear delitos repentinamente sería una grave violación a los derechos humanos; sin embargo la clara objeción se encuentra en aquellas salidas que se tejen como legales y definitivamente contrarían el propósito de un tributo como este. Ahora sí se puede decir que no es necesario crear más impuestos cuando contribuciones como las del carbono se encuentran mal aplicadas.
Por otro lado, no son lo mismo impuesto, tasa y contribución, aunque todos conformen el tributo y sean recaudados por el Estado. Según el Consejo de Estado, el impuesto hace referencia a prestaciones pecuniarias que los particulares -todos los residentes en el país sean entes públicos o privados, personas naturales o jurídicas- deben entregar a la nación para que se financien las cargas públicas (consecuencia de vivir en sociedad); la tasa es una erogación, también pecuniaria, que no es definitiva pero se da como contrapartida, es decir, con el cobro de las tasas se recuperan los servicios que le presten a los usuarios, por ejemplo el servicio del agua y la luz artificial; finalmente, las contribuciones son tributos que se pagan compensando un servicio que lo beneficiará directamente, verbigracia la valorización de un predio o el hecho de que pavimenten la vía que pasa al frente de una casa.
Es por lo anterior que atentamente los expertos en el tema tributario solicitan que quienes no conocen realmente del tema no opinen, porque fácil es escandalizar hablando de subir o bajar tributos -como los populistas dicen-, cuando en realidad no es necesario aumentar los impuestos porque ya existen varias captaciones legales que destinándose correctamente podrían suplir algunos ítems del gasto público que se han generado con ocasión a la pandemia y otros males, y segundo, bajar los impuestos no son opciones viables en términos económicos, así como la empresa opera solo porque tiene un trabajador que ejecuta, de la misma forma el empleado gasta porque devenga un salario que se lo permite, el Estado necesita de dichos impuestos, tasas y contribuciones para mantener las prerrogativas que lo convierten en el Estado y así sucesivamente los ciclos de la vida también ocurren en la economía -es por esto que es un error apoyar el socialismo y el comunismo-.
En conclusión, una reforma tributaria trae serias consecuencias para una nación y dependiendo las modificaciones y variaciones que esta tenga se podrá decir que son positivas o negativas, en este momento tanto empresas como empleados se encuentran a tope con los tributos, escépticos de las promesas políticas no comprenden los apuros por los que pasa el país, pero que sí conocen los líderes en el gobierno que en vez de generar nuevos ingresos deberían redireccionar el capital obtenido en un beneficio tangible para los ciudadanos, por ejemplo incentivar la formalización en el pago del tributo mediante la eliminación del límite de exenciones, deducciones y descuentos que cercenan el interés por seguir actuando correctamente, condicionar esta supresión a colaboraciones con gastos o subsidios ya otorgados por el Estado compensaría una causa con otra causa; porque aquello que se evade tributariamente se practica solo con el convencimiento de que declarar sobre cifras reales generará impuestos que se convertirán en un pago que se irá a la basura porque « los corruptos se lo roban, en la E.P.S. no agenda citas, se sienten más seguros portando armas personales, los maestros se tardan más recorriendo caminos de herradura para enseñar a sus estudiantes que el tiempo que le dedican a la enseñanza de los mismos » y donde casos como el de D.M.G. con el desfalco de más de 2.000 millones de dólares deja a sus víctimas la mísera compensación de 275.000 pesos.
Mientras tanto a leer sobre el Acuerdo de Paz y cómo lo está pagando cada colombiano, luego se puede discutir un poco de la educación gratuita para toda Colombia y otros muchos aspectos que deberían provocar pesadillas a ver si la gente se despierta.
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