El próximo 15 de febrero, se vence el plazo para que los empleadores consignen las cesantías de sus trabajadores en los fondos públicos y privados, correspondiendo a un mes de salario por cada año de servicio trabajado y que sirven de provisión, con ocasión al esfuerzo laboral, en atender contingencias de vacancias, adquirir vivienda y destinarlo para la educación.
Desde su creación con la Ley 6 de 1.945 y su implícita modificación con la Ley 50 de 1.990, las cesantías, han sido las protagonistas de los diferentes escenarios de agitación política y social del país, involucradas en el Golpe de Pasto que dio el entonces General Diógenes Gil contra el presidente Alfonso López Pumarejo, y en su defecto, lo que se desprendió de la Misión de Empleo Chenery, el cual fue propuesta por el presidente Belisario Betancour para verificar las condiciones laborales de miles de trabajadores en sus contratos y en relación con el alto costo de otras integridades salariales.
Hoy son más de 8 millones de afiliados a los fondos privados, siendo Porvenir con el mayor número de afiliaciones y que significan alrededor de 4 millones y medio, seguida por Protección con 2 millones 660 mil personas, Colfondos con 826.874 y Skandia con 47.423 personas afiliadas.
Muy a pesar de ese significativo número en los Fondos Privados – AFP, la discusión se viene dando frente a la rentabilidad de los mismos, ya que independiente del plazo que se escoja y los porcentajes ofrecidos, el capital sigue mostrando perdidas frente a las verdaderas ganancias que en realidad deben recibir los trabajadores, ya que en promedio, una persona que aporta una porción de su salario por concepto de cesantías, sea con respecto a un mínimo y a otro con mayor valor en su asignación salarial, se dejaría de recibir entre 3 y 15 veces el valor aportado, degenerando pequeños rendimientos o más bien un daño irreparable -, por el enorme sometimiento de ese peculio al comportamiento de los mercados financieros internacionales, ya que los AFP realizan sus inversiones en compra de acciones en las distintas bolsas.
Asimismo, lo alarmante no está propiamente en los efectos negativos de la pandemia, con las consecuencias de perdida de las AFP por menos de 4 billones en la vigencia 2020, si como con la conocida incidencia en la baja renta de los portafolios, sino que en el evento de no existir una verdadera recuperación en la productividad y no se mantenga un ritmo de crecimiento acelerado como lo proyectó el BM con respecto al 4,6% del PIB de la economía colombiana, la valoración de los bonos y acciones seguirían con incalculables perdidas en las provisiones de los afiliados, con menos valor en los activos y con productos de escasa liquidez.
En ese mismo orden, y es lo que se han insistido con la flexibilización laboral dentro de otra reforma, cuando existe informalidad e intermitencia, sin que exista un verdadero enganche contractual, sumando que en corto tiempo los fondos privados no cumplirían con su naturaleza, teniendo que escudarse bajo el pretexto de las “crisis circunstanciales, compensando perdidas con otros periodos de rentabilidad, y que como vamos, las épocas de las vacas gordas no se percibirán por unos largos años.
Además, este tipo de situaciones, deben ser tomadas en cuenta en las aplazadas reformas pensionales, y por qué no tributaria, para delimitar este tipo de circunstancias en perjuicio de millones de trabajadores y que no pueden ser asumidas por el fondo público como se pretendió con el decreto de emergencia 558, ya que las ganancias solo de las AFP para el año 2019 fueron de 37.2 billones de pesos.
Ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE, se han venido denunciando las formas como los AFP vienen disponiendo del ahorro de millones de colombianos, sin que exista eco ante estos y los organismos de vigilancia y control como la Superfinanciera, lo cual sigue siendo un enorme desafío verificar, estructurar y modificar el régimen impuesto en la Ley 100 del 93 y 1328 del 2009, por cuanto se denota la obligación inexistente de garantizar la rentabilidad mínima y la asunción de las pérdidas con sus recursos propios.
El gran error de los AFP es que vienen señalando que las pérdidas de ahora no solo las pérdidas del futuro, bajo el pretexto del modelo de inversión en que se encuentra el trabajador, sea empezando su vida laboral, en su parte intermedia y ya para finalizar, lo cual resulta contraproducente demeritar el valor presente sin que no exista desenlaces en lo que corresponde percibir en el retiro.
El tiempo se le agotó a los gobiernos y al congreso con el tipo de regímenes heredados de la Ley 100, sin desconocer otros beneficios, y sin olvidar que el sistema le sigue haciendo un enorme daño a la clase trabajadora, a su ahorros, a su calidad de vida, a sus expectativas y a las finanzas del Estado, por cuanto, el hueco no solo es compensado en la carga prestacional, sino con los valores deducidos de otros servicios financieros que sostienen la irresponsabilidad de los AFP a través de la misma banca que administran.
No solo postergar las cosas las empeora, como bien decía Stephen King, sino que también genera cada vez más otra forma de resistencia y es la que se asoma en el 2022.
