En este país donde ahora escogen de magistrados a los amigos o familiares del Presidente de la República Ivan Duque, resulta que en el proceso para suplir la vacante del doctor Alvaro Namen Vargas en la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado se encuentran en el top del “sonajero” para llenar dicha vacante, los “ungidos” por el Presidente de la República para que la Sala de Consulta los proponga y la Sala Plena voten por ellos: el doctor José Andrés Omeara Riveira actual director de “Agencia Nacional de Colombia de Contratación Pública – Colombia compra eficiente”, nombrado por el actual gobierno, y la doctora, Ilia Marina Obando de Torres, actual secretaria de IPSE, Ministerio de Minas y Energía.
El doctor Omeara hace parte de los “Mosqueteros” de la Universidad Sergio Arboleda, en donde en época de estudiantes universitarios eran mejores amigos el actual presidente Ivan Duque, el actual Fiscal Francisco Barbosa, la recién nombrada Magistrada de la Corte Constitucional Doctora Meneses escogida de la “terna de uno” presentada por el presidente Duque al Congreso, y el aúlico doctor Omeara, que ahora quiere meter el doctor Duque en el Consejo de Estado, o en su defecto a la doctora Ilia Marina Obando, familiar de la esposa del doctor Duque.
El actual gobierno ya se “tomó” la Procuraduría General de la Nación, con la Procuradora Margarita Cabello; la Fiscalía General de la Nación con el doctor Barbosa; logró, con el retiro intempestivo del doctor Carlos Bernal, “meter” a la doctora Meneses en la Corte Constitucional; ha permeado el Banco de la República con varios nombramientos; y ahora quiere también que sea elegido en el Consejo de Estado, nada menos que en la Sala de Consulta y Servicio Civil, o bien el doctor Omeara –su amigo cercano-, o su familiar la doctora Obando.
Sería una paradoja que el máximo órgano consultivo del gobierno, cuya misión institucional es la de orientar, guiar y finalmente controlar las actuaciones del gobierno y de la administración pública bajo el principio de legalidad, con el fin de evitar excesos o abusos de poder y de proteger y garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, termine siendo controlada por el gobierno.
Entonces uno como ciudadano de a pie se pregunta, quién controla a quién? Dónde queda la separación de poderes? Es este un Estado donde prima el clientelismo, el “amiguismo” o el nepotismo?; es un Estado donde priman los intereses y posibles prebendas que puedan recibir los electores de los magistrados de las Altas Cortes frente a los méritos de los elegibles? Dónde queda la autonomía, imparcialidad e independencia que tanto pregonan las Altas Cortes frente al gobierno de turno?
Es este un estado de derecho o un estado omnímodo, autoritario y con una concentración de poder tan grande que se ha tomado no solo la rama legislativa, sino ahora también la rama judicial con las Altas Cortes y la Fiscalía; así como el Ministerio Público y el Banco Central?
P.D. Un ejemplo palpable de esto nos lo dieron tristemente nada menos que los presidentes de las Altas Cortes, particularmente el presidente de la Corte Constitucional doctor José Antonio Lizarazo Ocampo, con la firma del documento conjunto con el gobierno, en donde quedó en entredicho la mencionada autonomía, imparcialidad e independencia de las Altas Cortes!
