La semana pasada, el DANE nos suministró la peor cifra de los últimos 20 años en materia de desempleo, con dígitos del 17,3% del total nacional, traduciéndose en un aumento escabroso para la economía en 4,3 puntos, rompiéndose el molde con respecto a los indicadores de enero del 2020 en un 13%, lo cual desequilibra todos los pronósticos que se tenían frente al crecimiento y la reactivación según la banca internacional en un 4,5% del PIB para este año 2021.
En ese orden, sigue siendo previsible y reiterado ese hecho frente al retroceso impuesto por la pandemia, las restricciones acumuladas, la irresponsabilidad ciudadana y las desacertadas formas en que los entes territoriales toman decisiones con inconsecuentes cálculos políticos en perjuicio de cientos de empresas, con enormes repercusiones en la clase trabajadora y de millares de familias, tal como lo vienen señalando las Cámaras de Comercio del país frente al quiebre inusitado de cientos de unidades productivas que han sido expuestas en líneas anteriores.
Para el Dane, la industria manufacturera fue la actividad con mayor reducción de ocupados. Sin embargo, el comercio y la reparación de vehículos presentaron un acrecentamiento de 44 mil ocupados frente a los más de 404 mil que se esfumaron con la manufactura, incidiendo con enorme preocupación entre la población femenina en un 10,8 %, frente al 5 % de los hombres.
Pese a que se crearon los programas como el Paef, protección al cesante y se improbaron cientos de despidos por parte del Ministerio del Trabajo, como forma de mitigar y contrarrestar los números, se han logrado realizar giros de más de 5 billones de pesos, beneficiando a 150.000 empresas, protegiendo a más de 3,9 millones de empleos, y aun así, es desesperanzador y hasta inevitable que no logremos alcanzar la meta de recuperar más de 2 millones de empleos en lo que resta de este gobierno si los alcaldes y gobernadores no exponen los planes en la dirección en que el Ministerio de Comercio ha pretendido contrarrestar con la desaceleración de muchas actividades por sectores, y ante todo, el aporte de la ciudadanía con relación al mantenimiento de las medidas de bioseguridad.
Asimismo, las buenas intenciones de enganchar a cientos de trabajadores en distintas agremiaciones a través del piso de protección social, como línea para garantizar la seguridad social y la protección de miles de informales, sigue siendo una expectativa más y un saque de algunos empleadores para contratar por debajo del mínimo, evitándose el pago de prestaciones sociales y la verdadera formalización con giros a los parafiscales.
Sin embargo, para el ministro de Hacienda, dentro de sus proyecciones, señala que la economía colombiana crecería un 5 por ciento, en contraposición a la contracción del 6,8 por ciento que sufrió el PIB con la covid el año anterior y que se sigue sufriendo en este año-, aunado, al lento proceso de ajuste fiscal que aún no se ha debatido en las próximas sesiones ordinarias del Congreso, y que ya promete, una confrontación de luchas de clases, con proporciones lamentables y sin mayor respuesta de cara a la paupérrima realidad que hemos heredado de tanta mezquindad política y ad portas de unas elecciones.
Bien hace Fedesarrollo, en insistir en la próxima reforma pensional, laboral y fiscal en un solo paquete, con adicionales de componentes sociales, con base en el aumento de 0,52 puntos porcentuales del PIB en 2022, permitiendo generar un grueso de 815.000 empleos formales y el consecuente hecho de que la tasa de desempleo llegue a unos porcentaje mínimos, y se pueda, como se estima, reducir sustancialmente la desigualdad de ingresos, la reducción de la pobreza y se incremente el recaudo del PIB para reducir la deuda pública.
No obstante, en esa encrucijada tributaria y general, no todo es malo, porque el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa Merco, señaló que empresas como Arturo Calle, Crepes & Waffles, Éxito, Grupo Nutresa, Bavaria, Bancolombia, Ecopetrol, Sura, Mario Hernández, Davivienda, Grupo Argos, Postobón, Alpina, Alquería y Cine Colombia, tuvieron una valoración integral con mayor responsabilidad social en esta pandemia, con verdaderos compromisos de gobierno corporativo y con una aceptación ciudadana de gigantescas valoraciones, y que en efecto, siguen jalonando ese tejido social bastante deteriorado, como lo vienen demostrando cuanto informe y reporte en estas semanas distintos sectores.
De igual modo, de nada sirve revisar las exenciones sectoriales, introducir tasas progresivas de aportes a salud a cargo del trabajador y a las cajas de compensación, amortizar seguros al desempleo, flexibilizar las contribuciones a pensiones, sustituir el régimen actual de la vejez y crear una renta mínima de inclusión focalizada en los hogares más pobres, cuando la problemática estructural está en el beneficio perverso de algunos regímenes especiales, que le siguen cargando al sistema el grueso impagable y el desequilibrio fiscal que por años se viene saldando con la venta de activos de la nación y con el compromiso de las vigencias futuras, sin que se toque a los que vienen haciendo negocios con las pensiones y los ahorros, los que reciben las comisiones interfinancieras, los que se apropian de los dineros de la salud y de la contratación; los que sin dar clase, siguen cobrando, y en especial, los que entre el lobby de pasillos, sostienen esa macabra clase política que realza el valor y el lugar de los que se creen y siguen siendo intocables.
Bien decía Mahatma Gandhi, que aquellas personas que no están dispuestas a pequeñas reformas, no estarán nunca en las filas de los hombres que apuestan a cambios trascendentales.
