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Paziburgueses: ¡defended la pa$! Columna de Eduardo Benítez Gaitán Clic para tuitear
El periodista venezolano Juan Carlos Zapata, acuñó en 2005 el término “boliburguesía” para denominar a los políticos, empresarios y militares venezolanos quienes, según Nicmer Evans, se enriquecieron en el marco de la “Revolución Bolivariana” a partir de prácticas corruptas pintadas de rojo rojito: Pelean contratos de infraestructura y de la estatal petrolera PDVSA que les garantice su “tajada”, manejan desde el montaje de una tarima hasta la venta de agua para los eventos de la revolución y pasan por la corrupción en torno al manejo de las divisas o la distribución de alimentos de los famosos CLAP.
De acuerdo a la BBC, “hay dos tipos de “boliburgueses”: los empresarios (que tienen medios de producción) y los funcionarios (que ascienden a cuenta de corrupción). A los primeros los califica Evans como poco interesados o sin ningún interés con las políticas públicas. A los segundos los inscribe entre los traidores a la revolución”.
No nos detendremos en las cifras, que son miles de millones de dólares robados a los venezolanos, ni en los personajes destacados de la “boliburguesía” como el ex presidente de PDVSA Rafael Ramírez, similar a Venezuela, en Colombia estamos viendo el surgimiento de una nueva clase social a partir de la expoliación de recursos del erario bajo la justificación de “la paz”: los “paziburgueses”.
Los “paziburgueses” tienen sus orígenes en la famosísima mermelada, de ingrata recordación entre los colombianos, que con desdén y soberbia el ex presidente Santos defendía y repartía a diestra y siniestra con la justificación de la paz, teniendo como sus máximos exponentes a los famosos “ñoños” de Córdoba que garantizaron la reelección en 2014 y la cuenta de cobro a los colombianos con la reforma tributaria alcabalera de 2016 que subió el IVA al 19%.
Con la aprobación espuria del Acuerdo Santos-FARC en el Congreso a finales de 2016, el país presenció la construcción de un andamiaje de instituciones y destinación de recursos públicos “para la paz”, desde entonces hemos sido testigos del desangre de recursos públicos por instituciones de por sí ilegitimas, recursos que han alimentado a medios de comunicación, ONG, abogados y hasta el hijo de un ex presidente de la República, ya no por la paz sino por la PA$.
Hay que ser demasiado ingenuo para creer en las bondades de un Acuerdo concebido por uno de los presidentes más corruptos de la historia de Colombia con la narcoguerrilla más poderosa y cruel de la historia, con la garantía de las dictaduras oprobiosas y corruptas de Cuba y Venezuela, la criatura nació corrompida.
Hagamos memoria:
- El contrato 059 de 2016 por 931 millones de pesos (300 mil dólares) para la Fundación Semana en cabeza de Claudia García Jaramillo, esposa de Daniel Samper Ospina, sobrino del presidente financiado por el Cartel de Cali, Ernesto Samper.
Dicha Fundación es de propiedad del grupo editorial que ataca con rabia al presidente Duque desde la Revista Semana y la directora de la fundación, la señora García Jaramillo, paso a ser funcionaria de la Presidencia de la República en noviembre de 2017, según el decreto 1943 de 2017, devengando aproximadamente 10 millones de pesos mensuales (3 mil dólares) sin contar con las prebendas propias del cargo.
- En abril de 2018, luego de una carta de los embajadores de Noruega, Suecia y Suiza al gobierno Santos, se destaparon una serie de irregularidades en torno al Fondo Colombia en Paz, que maneja recursos de cooperación internacional de alrededor de 850 mil millones de pesos (300 millones de dólares) para la implementación del Acuerdo con las FARC, a la carta le siguieron las denuncias e investigaciones de la Fiscalía General de la Nación con sustento en más de 80 mil registros telefónicos para develar una red de corrupción de 12 intermediarios que buscaban “tajada” de la contratación de la paz usando información privilegiada. Al final, el escandalo le costó la cabeza a la directora del Fondo Colombia en Paz, al descubrirse que contrató a su pareja sentimental para dotar al Fondo de un sistema de información que no se entregó.
- También en abril de 2018 se conoció la renuncia del entonces Secretario General de la JEP, Néstor Raúl Correa, en medio de pujas por la administración de la JEP con los magistrados, el gasto de 4,5 millones de dólares en oficinas a medio funcionar y las quejas de los magistrados porque Correa les asignó vehículos Renault Logan modelo 2018 y no camionetas blindadas ¿No que estamos en paz para qué camionetas blindadas?
A la fecha Correa afronta un juicio disciplinario en la Procuraduría por entregar permisos de salidas del país a ex cabecillas de las FARC, como al autor del atentado al Club El Nogal, sin estar facultado para ello.
- El roscograma de contratos entre familiares y dirigentes de izquierda en la JEP: Contrato de 204 millones de pesos anuales (65 mil dólares) para Pilar Rueda, esposa del senador Iván Cepeda (Polo Democrático); el contrato de 50 millones de pesos (16 mil dólares) por menos de un mes para Miguel Samper, hijo de Ernesto Samper, presidente financiado por el Cartel de Cali; los contratos firmados por los abogados defensores de alias “Jesús Santrich”: Nadia Triviño, Ernesto Moreno y William Acosta por 78 millones de pesos cada uno (25 mil dólares) para asesorar jurídicamente a la JEP y la vinculación a la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos de Claudia Linares Prieto, hermana de la Presidenta de la JEP, Patricia Linares.
En el caso del contrato de Samper es llamativo que mientras él fue alto funcionario del Ministerio de Justicia se dio el “casual” nombramiento en la Unidad de Servicios Penitenciarios de la señora Claudia Bahamón, hoy Secretaria General de la JEP que lo contrató por 50 millones de pesos o que el hermano de la Presidenta de la JEP, Harold Linares, fue subordinado de Samper en la Agencia Nacional de Tierras.
- Los escándalos penales: El inicio del juicio contra la ex directora administrativa de la JEP, Martha Lucía Zamora (ex secretaria general de la alcaldía de Gustavo Petro) y los contratistas July Milena Henríquez y Luis Ernesto Caicedo, quienes presuntamente encubrieron a ex integrantes de las FARC, quienes eran señalados de abandonar los espacios territoriales., acordando con un abogado de las FARC cómo engañar a la justicia a través de comunicaciones en las cuales establecieran algún paradero para los desaparecidos. Y el más reciente caso del ex fiscal Bermeo y el ex senador Gil de recibir sobornos para torcer el proceso de extradición de Santrich en la JEP.
Solo han pasado escasos dos años desde que se puso en marcha el andamiaje burocrático y espurio del Acuerdo FARC-Santos y el sistema ya segrega el pus de la corrupción, además de presenciar el surgimiento una paziburguesía balbuceante pero potente por su influencia en medios masivos por la pauta que paga la JEP en medios como la W Radio o las propagandas de la Comisión de la Verdad en la televisión nacional.
Ya hasta convocan marchas como la del lunes 18 de marzo, con las cuales pretenden encubrir su interés en la PA$ defendiendo la paz.
Los paziburgueses no solo tienen la desvergüenza de reclamarle al presidente Duque por objeciones válidas y necesarias para evitar la impunidad por crímenes sexuales o reincidencia en actividades de narcotráfico, sino de reivindicar un sistema de “justicia transicional” que además de derroche y corrupción solo tiene como resultado concreto la enésima condescendencia con alias “Iván Márquez”, cuando es un secreto a voces su vinculación con las disidencias de las FARC y su campamento en Venezuela.
Más allá de las objeciones en torno a los delitos sexuales y la reincidencia, habrá que pensar y hacer intensa pedagogía en la ciudadanía sobre la corrupción en el andamiaje creado por los Acuerdos y sobre la necesidad de su reorientación en términos de eficiencia, transparencia y austeridad, donde quede claro que la paz se construye destinando recursos para hacer vías como las que están construyendo nuestros Ingenieros Militares en el Catatumbo para las comunidades, víctimas de un reciente atentado del ELN y no engordando los bolsillos y las cuentas de paziburgueses en sus cómodas oficinas de Chapinero y Usaquén.
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Eduardo Alberto Benítez Gaitán
29 años, politólogo de la Universidad Nacional de Colombia (2012) y magister en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra (2018) con diplomados en Seguridad Multidimensional de la Escuela Superior de Guerra y en Liderazgo Político Y Social de la Universidad Sergio Arboleda. Se ha desempeñado como Secretario de Gobierno y Desarrollo Social del municipio de Nuevo Colón (Boyacá) y como Asesor de Pensamiento Prospectivo del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia Militar de las Fuerzas Militares de Colombia.