El reciente aumento de 198 pesos al galón de gasolina realizado por el Gobierno, es consecuencia del consenso entre los miembros de la OPEP, quienes previeron con acertada decisión en medio de la pandemia, concertar el nivel de reducción de extracción de crudo y mantener los precios internacionales, y que en efecto, logró realizar un contrachoque, con un esperado incremento de la producción mundial en más de 220.000 barriles, en especial del país, que recuperó su demanda interna con los mismos índices para el periodo de enero del 2020.
Si bien las estimaciones no solo están acompañadas por el indiscutible consumo, sino por las expectativas generadas por la vacunación masiva contra la covid – a pasos de tortuga -, seguida de una recuperación progresiva, que al parecer, superaría los niveles del 5,1% del PIB mundial, tal como lo señaló la misma organización, y que evidenciaría el taponamiento de la contracción del 3,7%.
En parte, es un aliciente para el gobierno, esa acentuada recuperación con el aumento del galón de gasolina en algunos sectores de exportación, del IVA y la sobretasa, pero con repercusiones negativas en otros como el de carga, por los elevados costos de transporte y la cadena de producción, distribución, comercialización y venta final, con enorme repercusión en la misma línea sobre la inflación, dado por el bajo consumo registrado entre la declaratoria de la pandemia hasta la fecha.
Para nadie es un secreto, que ese acrecentamiento del precio, ya anticipó el elevado costo de vida, especialmente en la canasta familiar de los sectores menos favorecidos – que ya se empezaron a sentir en algunos productos -, por la evidente indisponibilidad económica, acompañada de la insuperable nota negativa del desempleo en un 19% como lo afirmó el DANE, como del cierre definitivo del casi 20% de la producción nacional en todas las regiones.
No se puede ser indiferente, que existe un problema fundamental que no sopesa la relación de ese coste con el inconsecuente impacto en la economía colombiana, y ha sido principalmente al manejo inadecuado que en años anteriores se le ha dado a la lenta transición de las energías limpias, como del añejo y pésimo manejo energético del país, por cuanto sigue latente el reiterado fenómeno del niño, la falta de fuentes energéticas, la incipiente incapacidad de las plantas generadoras de energía que están fuera de servicio y el mal utilizado cargo de confiabilidad frente a los infaltables hechos con que mal administran y/o descargan algunos compromisos políticos en perjuicio del usuario terminable.
Ello, como es sabido, es un problema del largo plazo que nos sigue consumiendo, tal como lo señaló Jorge Espitia y Pablo Molina, en un informe entregado a la Contraloría General de la República – CGR, donde aún existe el frecuente convencimiento desde el año 2001, y que el país sigue atravesando por el destructivo mito de que la provisión de energía eléctrica debería hacerse en favor del aprovechamiento del recurso hídrico – ¿Hidroituango? -, por ser éste el más barato, frente a la destrucción del mito de expansión térmica.
Es decir, los problemas permanecerían y siguen permaneciendo, como dice el informe, porque los excesos que se generan en las épocas de lluvias no se pueden trasladar para suplir las deficiencias del verano, y el térmico, porque el costo es más elevado. Más aún, existe la posibilidad de que los costos se eleven aún más si se liberan los precios del gas, en fin, seguimos en las mismas.
A eso se le suma, el recrudecimiento de la violencia, trasladando esas sumas esenciales, no solo en los generadores y distribuidores, sino en los consumidores de la línea delgada, agravando en mayor medida las condiciones actuales de endeudamiento y del déficit del sector público con ocasión al hueco fiscal del -8% del PIB.
Sin embargo, el problema no solo está en el impacto mundial y nacional con ocasión a la subida del combustible, sino en la problemática fiscal, que sigue siendo objeto de aplazamientos y debates.
Por consiguiente, no se puede descartar la propuesta de Fedesarrollo, con relación a la reforma integral con propuestas sociales, laborales, fiscales y de protección a la vejez, para mitigar un poco el agravante público monetario y tributario, pero siguen olvidando, con algo de prudencia, que el problema sigue siendo más que orgánico frente al sistema heredado con la constitución de 1821, ya que no podemos seguir cargando al ciudadano con respecto a los errores y cálculos políticos trasnochados y perversos, y en efecto, con el individualismo privado, sin olvidar que el estado merece una restructuración más amplia, una reducción más vertical y transversal en cuanto a su conformación, de lo contrario no se ahorrarían las partidas para atender los programas que siguen estando en vilo en el mediano plazo, en perjuicio de la vejez, de las familias y de los jóvenes, que se han visto más desertores de los programas universitarios y deportivos por falta de ahorro.
Bien decía Francis Bacon, que la esperanza es un buen desayuno, pero una mala cena.
