La industria farmacéutica ha tenido que responder a una demanda repentina, apremiante y exponencial de suministro de vacunas y la cadena de frío, invirtiendo en investigación, produciendo, probando y en poco tiempo, incluso bajo las condiciones de extrema dificultad, una nueva vacuna pandémica diseñada para proteger a la gente contra la infección del Covid 19 y satisfacer las demandas del mercado previstas. Celebramos los esfuerzos que se han realizado para la realización del derecho a la salud en general, y le estamos verdaderamente agradecidos por ello. No voy a ensañarme con las empresas farmacéuticas porque toda la normativa de comercio internacional sobre medicamentos es un desastre. Si bien los resultados de las empresas farmacéuticas han sido espectaculares y redundan en grandes ganancias de la adquisición de enormes cantidades de vacunas en que han incurrido los Estados por los planes de respuesta a la crisis de la pandemia–aunque con la sana intención de aliviar el sufrimiento–, grandes sectores de la población, principalmente en los países en desarrollo, permanecen escépticos respecto a los beneficios ya que no pueden permitirse pagar los precios desorbitados de los medicamentos necesarios para tratar a los enfermos. Sólo hay una nube en el horizonte: los países sin capacidad de producción necesitan que otro país fabrique las medicinas que les hacen falta, es una bofetada a todos los países en vías de desarrollo que pusieron tantas esperanzas en las Vacunas. El conflicto debe analizarse basándose en la máxima de que la salud pública debe primar sobre las patentes. “En efecto, es importante ser conscientes de que redunda en interés de todos que cada sistema nacional de vacunación sea eficaz para frenar la propagación del virus y eliminar cualquier «reservorio de virus» a fin de evitar sucesivas reactivaciones de la pandemia” que acabará por extenderse también a los otros países. El unilateralismo motivado todavía es comprensible. El unilateralismo sin lógica alguna es imperdonable”. Permítaseme señalar también a la atención ciertas preocupaciones importantes que involucra el estudio de un número de cuestiones legales, éticas y de derechos humanos que surgen de la conducta de los científicos y de las empresas farmacéuticas competidoras en su intento de ganar la carrera y obtener grandes beneficios. Especialmente en relación con los contratos firmados entre los ministerios de Salud Pública/Gobiernos y los fabricantes de vacunas y la reticencia de los suministradores de vacunas a asumir plenamente la responsabilidad por el producto. También en lo referente a los procedimientos de autorización acelerados o simplificado en casos específicos, los acuerdos multilaterales y bilaterales de confidencialidad (en los paquetes de licitaciones nacionales) que no siempre garantizan la transparencia e igualdad de acceso, precios ventajosos y flexibilidad para los pedidos a todos los países. Existen preocupaciones de que estos actores (altos funcionarios de los gobiernos y empresas farmacéuticas) puedan contribuir a una mayor fragmentación, no sean transparentes en sus acciones, alimenten una deuda insostenible, mezclen política exterior con la política de negocios y se queden atrás en términos de las buenas prácticas que se han aprendido. Lamentablemente en cada país, la adquisición de vacunas y los procedimientos de compra son diferentes, hay variaciones de precios, debido, entre otras cosas, a las diferentes condiciones en materia de responsabilidad de cada acuerdo, y se produjo un reconocimiento de la necesidad de una mayor transparencia con respecto al cumplimiento de las normas sobre contratación pública. Pese a que los gobiernos tienen la responsabilidad primordial sobre el derecho a la salud y la toma de decisiones de salud pública, las transnacionales farmacéuticas pueden ejercer una influencia enorme en la consecución de ese derecho de los pueblos, de una manera que se ha percibido como coercitiva y con un claro propósito de venta. Por otro lado, tomamos nota de que la oferta de vacunas sigue siendo relativamente limitada y se ve socavada constantemente debido a las variantes por derivación, incluso por el grado de preparación y la limitada cooperación de los Estados (por ejemplo, la ausencia de un mecanismo de solidaridad y mediación entre los Estados o el no haberse procedido a una adquisición pública universal de vacunas) y la ausencia de acuerdos previos de adquisición en diferentes Estados. Se trata de una cuestión en la que sigue existiendo una gran incertidumbre, entre los que se incluyen las estrategias de vacunación e inmunización y la incompleta y contradictoria información sobre la seguridad de la vacuna (eficacia de la vacuna, buena relación riesgo-beneficios de la vacuna y determinación de los grupos de riesgo, en particular entre los grupos más vulnerables). Los estudios de opinión muestran la necesidad de disponer de estudios sobre esa vacunas (los protocolos de investigación, los ensayos clínicos y los efectos no deseados que no siempre están a disposición del público), que sean independientes de las empresas farmacéuticas, a fin de que haya un equilibrio entre los estudios financiados por el sector público y por el sector privado. Es mi deseo de que se asegure que los expertos científicos no poseen intereses económicos o de otro tipo en la industria farmacéutica que pudieran influir en su imparcialidad, que respeten y se adhieran a los principios éticos. Si bien se podría consultar a expertos del sector farmacéutico, éstos deben ser excluidos del proceso de toma de decisiones. Los conflictos de intereses de algunos expertos que asesoran a las autoridades sanitarias públicas levantan sospechas de abuso de influencia y socavan la credibilidad de las autoridades sanitarias públicas y de sus recomendaciones; se deben evitar todos los conflictos de intereses y que se publiquen las declaraciones de intereses de todos los expertos que asesoran a las autoridades de salud pública. En suma, ha llegado el momento de analizar con más profundidad las responsabilidades que tienen en el marco del derecho a la salud las empresas farmacéuticas de tal manera que no impida el acceso de los países en desarrollo a las vacunas u ofrecer un acceso justo y equitativo de todos los países a las vacunas contra la pandemia. Se recuerda que, según la legislación actual de la comunidad internacional sobre medicamentos de salud pública, la responsabilidad respecto de la calidad, la seguridad y la eficacia relativa a las indicaciones autorizadas de un medicamento es del fabricante. Esto tiene importantes implicaciones para el gobierno y otros actores/as, incluyendo los profesionales de la salud y también para aplicar el principio de precaución. La pandemia es actualmente el reto mundial más apremiante y exige una rápida respuesta para contrarrestar sus efectos adversos sobre la economía en su conjunto, el desarrollo socioeconómico en los decenios venideros y para la seguridad humana, velando a un tiempo por que se respeten los derechos, las libertades y las responsabilidades del ser humano e impedir injusticias. Es precisamente esta carrera contra el Covid la que debemos intentar ganar. Amen
