Usted que lee esto puede no estar de acuerdo con la revocatoria del mandato a alcalde que se está proponiendo en Medellín, Bogotá y otras ciudades.
La revocatoria del mandato de alcaldes y gobernadores es un derecho consagrado en la constitución. La constitución en su artículo 103 consagra ese derecho al hablar de los mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía. La revocatoria del mandato está además reglamenta con las Leyes 131 y 134 de 1994 y con su modificación en la Ley 741 de 2002.
Con lo anterior pues, a pesar de opiniones contrarias, la revocatoria del mandato a alcaldes y gobernadores es un derecho constitucional. Y los derechos deben ser respetados. O al menos eso creíamos.
En ninguna parte dice que las personas deben justificar o defender ante la registraduría sus razones para querer revocar un mandato ni que la registraduría pueda poner trabas al pedir conceptos a otras entidades, como lo estamos viendo que hacen ahora al pedir que el ministerio de salud diga como se debe llevar a cabo la recolección de firmas. Mientras que la registraduría anuncia que a pesar de la pandemia no se afectará el calendario electoral, pone trabas a la participación ciudadana al meter palos en la rueda a varias solicitudes de iniciar procesos de revocatoria.
¿Qué el ministerio de salud debe decidir como recolectar las firmas? En esta época en la que nos acostumbramos a la “virtualidad”, la gente que desee firmar podría descargar el formato para las firmas, firmar y enviar la planilla con las firmas por mensajería, o como propusieron en Medellín, enviar a una persona al domicilio y entregar la planilla y esperar a que la firmen. No hay que crear aglomeración de personas. Causa curiosidad que en todas partes se ven aglomeraciones en supermercados, centros comerciales, transporte público, pero solo se fijan en las posibles aglomeraciones que se podrían causar si se permite la recolección de firmas.
A estas alturas, la revocatoria ya no se ve práctica. La registraduría logró, como en el caso de Petro, incumplir con su deber y violentar los derechos de los ciudadanos. ¿Por qué no servirá ya la revocatoria? Pues por el calendario electoral y el tiempo que la registraduría logró quemar. Y es que en Bogotá se necesitan 335,000 firmas válidas y para eso se deben recoger al menos el doble de firmas y la paquidérmica registraduría luego debe revisarlas. La experiencia es que los alcaldes ya saben cómo frenar estos procesos pues Petro casi que dejó escrito el manual del carameleo y no hay quien defienda los derechos de los ciudadanos.
En Bogotá y Medellín hay sendos personajes más dedicados a dividir la ciudad. Medellín, otrora ciudad pujante que a pesar de las diferencias políticas de sus habitantes era ejemplo de progreso y civismo, hoy se ve dividida por un alcalde que se ve más preocupado por alimentar su ego que por trabajar por la ciudad. Bogotá, ciudad donde 3 de 10 ciudadanos está contento con la gestión de la alcaldesa quien no gobierna por estar tomándose fotos y peleando con el Presidente e incumpliendo promesas.
Nos carameliaron. Nos embolataron. Nos robaron el derecho a la participación ciudadana. ¿Y ahora quien podrá defendernos?
