Se acabó el 2022 y los colombianos llevamos poco más de 4 meses estrenando un flamante presidente de izquierda. Aunque muchos incautos sostienen que es el primero en la historia de nuestra república, me permito diferir. Vale la pena recordar el tan desprestigiado gobierno de Ernesto Samper, por allá en la década de los 90´s, o los recientes y nefastos ocho años del nunca bien ponderado Juan Manuel Santos, para darnos cuenta de que esa afirmación dista mucho de ser veraz.

Hecha esa aclaración, lo que quiero en esta ocasión es mirar estos primeros meses del gobierno Petro, quien durante años ha demostrado ser del ala más radical y clásica de la doctrina socialista/comunista, pero que también se ha empeñado, especialmente en su última campaña electoral, porque lograr que no lo identifiquen con esa postura extrema.

Bajo la bandera del mal llamado progresismo, ha querido desembarazarse de esa imagen de extremista que hace unos años tenía, cuando ensalzaba públicamente a uno de los peores dictadores de los últimos años, Hugo Chávez, diciendo que era un gran líder latinoamericano.

Por eso hoy quiero demostrar, mediante un ejercicio simple, que en realidad nuestro presidente de moderado no tiene un pelo y que es un Nicolás Maduro en potencia.

Es bien sabido que, al menos en su versión clásica, la teoría socialista tiene como pilar fundamental la redistribución de la riqueza, entendida como la confiscación, a través de la mano “benefactora” del Estado, que interviene para corregir precisamente las injusticias del mercado, de la riqueza de algunos, para repartirla entre otros menos favorecidos. En otras palabras, es una dinámica de conflicto, eminentemente en el escenario económico, entre el empleador y el trabajador, donde aquel es el opresor y este el oprimido. De acuerdo con esto, ese desequilibrio solo es superable mediante la revolución armada del proletario, que debe instaurar, si triunfa, al menos inicialmente, su dictadura, destronando así a la burguesía.

A reglón seguido, la teoría marxista sostiene que todo el capital debe encausarse a través del Estado, quien sería, en adelante, el encargado de administrarlo en todos los campos, proveyendo igualitariamente a la población de todos los bienes y servicios requeridos para su bienestar (educación, salud, seguridad alimentaria, empleo, industria, seguridad, recreación, entre muchos otros). Por ello, nada debe estar fuera de la órbita del Estado.

Sin perjuicio de que, hoy en día, muchos nuevos intelectuales de izquierda hayan revisado, pulido e incluso revaluado la doctrina marxista clásica, incluyendo componentes como el cultural, por un lado, y los micro conflictos entre grupos que se identifican con alguna inconformidad frente al hombre blanco heterosexual europeo, por otro (haciéndola mucho más eficiente y exitosa), lo cierto es que el postulado central sigue siendo el del colectivismo, es decir, un escenario donde la individualidad se sacrifica ante la igualdad material de toda la sociedad.

Y es aquí donde se hace necesario revisar cuál es, de acuerdo tanto con la teoría como con la experiencia que nos ha mostrado la historia del siglo XX y la de lo que va del XXI, el decálogo de pasos a seguir para graduarse como izquierdista totalitario de pura cepa.

Paso 1. Carga tributaria.

Si la filosofía de la redistribución tiene una característica que la distingue, es precisamente la de hacer ver como necesario quitar a unos para dar a otros, en aras de lograr la tan anhelada igualdad material. Claramente, suena loable que quienes más tienen sean los que provean para los más desposeídos, incluso si es a la fuerza. Sin embargo, valdría la pena reparar en las consecuencias que en el mediano y largo plazo tiene siempre esa práctica, como la inexorable reducción de la economía. Pero como analizar las consecuencias de las medidas no es la finalidad de esta columna, sino la de revisar si el gobierno actual va o no por la senda del socialismo puro y duro, no ahondaré en el tema. Además, creo que no acabaría.

En este punto, es de todos conocido que recientemente fue aprobada la Ley 2277 de 2022, mejor conocida como la reforma tributaria Petro, que entrará en vigor el 1 de enero de 2023 y con la que se espera recaudar la nada despreciable suma de 20 billones de pesos en el primer año y unos 50 billones para 2026, habiendo incluso preparado un proyecto de adición presupuestal para ser presentado ante el Congreso el primer trimestre del próximo año.

Se cumple entonces a cabalidad el primer paso del manual de la izquierda: exprimir al ciudadano productor y generador de riqueza, con la promesa de “aliviar” la precaria situación de otro sector. Falta ver si el resultado, que siempre ha sido el mismo en toda la historia y en todo el planeta (que la mitad se pierde en un mar de burocracia y corrupción, mientras la otra se malgasta en una pésima gestión, en donde al pueblo necesitado le dan migajas de pésima calidad, que una vez se acaban hacen que vuelva a estirar la mano) es diferente por primera vez en el mundo gracias a nuestro mesías.

Paso 2. El endeudamiento.

Cuando al ciudadano se lo ha ahorcado a más no poder, la carga impositiva deja de ser una opción, por lo que es necesario encontrar una fuente alterna de financiación para las medidas populistas de dar todo supuestamente gratis. Y qué mejor que pedir prestado, sin que importe si se tiene o no intención de pagar la deuda.

Copar el cupo de la tarjeta de crédito cuando no hay de otra, es uno de los hábitos más comunes en la economía del hogar; y es exactamente así como lo ven los gobiernos de izquierda. No les importa que sea la canallada más grande que se puede hacer a las generaciones futuras, quienes estarán debiendo hasta los dientes aún sin haber nacido.

En Colombia, el gobierno ha gestionado ante el Banco Mundial, hace apenas una semana, el préstamo más grande de la historia de Colombia como república; la módica suma de mil millones de dólares. Aquí tenemos entonces el segundo paso, calcado del manual. Lloro por nuestra progenie.

Paso 3. Deslegitimación de la fuerza pública institucional y fortalecimiento del paramilitarismo.

Entendamos esto: cuando se empieza a restar credibilidad, respetabilidad y recursos a la fuerza pública, para al mismo tiempo empezar a dotar a ciertos grupos que no tienen sustento constitucional ni legal de herramientas logísticas y jurídicas para que asuman labores de vigilancia y control social, aunque se los disfrace de conciliadores, se está creando un ejército propio, que no responde ni rinde cuentas a ningún estamento distinto del capricho del gobernante.

Suena aterrador, ¿no? Pues eso es precisamente lo que se está haciendo aquí con los famosos “gestores de paz”, antes pertenecientes a la primera línea. Así, lo que se suponía era un grupo de muchachos revoltosos que no tenía pies ni cabeza, resulta institucionalizado y validado por el gobierno. Cualquier parecido con los colectivos chavistas del vecino país, o con la violencia institucionalizada de la Unión Soviética, no es pura coincidencia.

Paso 4. El control de precios y el aumento del salario.

Cuando se percatan de que las medidas anteriores generan un encarecimiento desmedido en bienes y servicios, en los gobiernos de izquierda viene siempre la intervención arbitraria del gobierno, fijando límites a los precios, por un lado, y aumentando artificialmente el salario mínimo, por el otro. Esto a todas luces tiene un efecto desastroso en la economía, pues quien no puede fijar libremente un precio a lo que produce, que le permita generar la utilidad que normalmente espera para poder mantenerse a flote, simplemente dejará de producirlo. Esto redunda en desempleo y en el surgimiento de mercados negros y de toda una sub-economía.

Apenas hace unos días se anunció que el aumento del salario mínimo para el 2023 será del 16% en relación con el de este año, y hace un par de días se firmó el decreto de control de precios en toda una variedad de bienes y servicios. Paso 4 cumplido.

Paso 5. Emisión monetaria.

Cuando todo lo demás fracasa, la medida más desesperada es prender la impresora, creando en la gente la falsa sensación de abundancia de dinero en el mercado, cuando en realidad lo que se hace es generar inflación a lo loco.

Recordemos que, al aumentar artificialmente la cantidad de dinero en el mercado, la gente va a comprar más, por considerar que tiene un poder adquisitivo mayor. No obstante, el efecto inmediato es que los productores, al ver un aumento en la demanda, aumentarán sus precios, pero al no haber un incremento en la oferta que sea proporcional, la consecuencia es una sola: el dinero ya no vale lo que antes, pues con la misma cantidad no se podrá comprar lo mismo.

Aunque no hemos llegado a este punto, las frases y trinos del presidente cuando era candidato, así como los ataques a la independencia del Banco de la República que están intentando desde el gobierno, permiten inferir que estamos cerca. Peligrosamente cerca.

Paso 6. Censura y represión violenta.

Este conecta directamente con el paso 3. En efecto, cuando la gente finalmente se dé cuenta del fracaso de todas las medidas anteriores y empiece a quejarse, los gobiernos socialistas sienten la ineludible necesidad de silenciar a los inconformes. Es así como llega inexorablemente la censura a personas y medios de comunicación independientes o de oposición. Pero eso no es todo. No demoraremos en ver a esos gestores de paz usando la licencia que se les ha dado, callando por la fuerza a todo el que se queje muy duro de la situación, y a la justicia al servicio del gobierno, encarcelando con procesos “sumarios” a todo el que realmente pretenda hacer algo al respecto.

¿Ven el peligro? En otros países este proceso ha tomado años. En Colombia vamos ya en el paso 4 y el gobierno no ha cumplido ni los seis primeros meses.

Nunca olvidemos que la estrategia de la nueva izquierda ya no es la de tomarse el poder por las armas, sino la de llegar por la vía de la democracia, para destruirla desde adentro.

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Carlos Jorge Collazos A.
Abogado | + posts

Carlos Jorge Collazos Alarcón, abogado, especialista y magíster en Derecho Administrativo, magíster en Responsabilidad Contractual, Extracontractual, Civil y del Estado, litigante y juez administrativo ad-hoc. Conservador en lo ético y liberal en lo económico.