El periodismo nacional reveló los principales apartes de los informes de inteligencia que demuestran la manera como se estarían financiado a ‘grupos de choque’ para provocar los actos vandálicos que han desdibujado las multitudinarias movilizaciones que hemos visto en el país.
La prensa tuvo acceso a evidencias contundentes que llevaron a las autoridades a concluir que hay un plan diseñado y ejecutado de forma sistemática que opera por igual en todas partes. Los determinadores accionan a los perpetradores mediante el pago de dinero sucio.
La Fiscalía General de la Nación trabaja sobre la hipótesis de que en las protestas participan personas con el firme propósito de estimular el terrorismo urbano que es ejecutado por células debidamente organizadas y financiadas para crear el caos y producir pánico.
Además de las calles, otro sitio donde se está ejecutando este plan terrorista, es en las redes sociales. Difunden con gran rapidez noticias falsas, videos amañados y le pagan a personas influyentes en el ámbito digital para replicar los mensajes que les interesa posicionar.
El panorama que divulgó la prensa y al que le hacen seguimiento las autoridades no es ajeno en el Magdalena. Las marchas que se han organizado en el Departamento contaron con el generoso patrocinio del presupuesto de la Gobernación del Magdalena y la Alcaldía de Santa Marta.
En piezas de video y material fotográfico quedó documentada la manera como Carlos Caicedo, jefe de la Banda Caicedo; orientó recursos públicos de la Administración del Departamento y del Distrito de Santa Marta para las marchas, muchas de ellas que terminaron en actos violentos.
Vehículos, material publicitario, funcionarios y contratistas de la Gobernación del Magdalena y la Alcaldía de Santa Marta estarían seriamente comprometidos. Las autoridades competentes deberían investigar si ellos incurrieron en faltas y de ser así ser sancionados.
La semana pasada la Procuraduría General de la Nación le abrió indagación preliminar a Carlos Caicedo, jefe de la Banda Caicedo; a quien señaló de ser responsable de una presunta violación de los derechos humanos durante las jornadas de protestas en Santa Marta y el Magdalena.
