La niñez… Por encima de todo

@millersoto

La niñez… Por encima de todo Columna de Miller Soto Clic para tuitear

En los últimos días ha sido ampliamente comentada la Sentencia que declaró la constitucionalidad de la ‘Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la JEP’.  Una ley compuesta por 162 artículos, de los cuales, la Corte Constitucional decidió declarar la exequibilidad de 115 sin ningún tipo de ajustes. O sea, ahondaron en lo relativo a 47 decidiendo sobre su constitucionalidad en términos muy puntuales. En algunos casos, declararon la inconstitucionalidad de artículos completos; en otros, de vocablos y expresiones; y en varios de ellos, condicionaron la manera como ciertas expresiones deben ser interpretadas. Si bien las 800 páginas (una exageración) que contiene la Sentencia aún no han salido a la luz, la Corte emitió el Comunicado No. 32 del 15 de agosto de este año. Un documento de 23 páginas en el que se resume la Sentencia C-080 de 2018. Allí se puede apreciar parte de los argumentos de la Corte en relación con los ajustes hechos a la ley.

Uno de estos ajustes, es el que concierne al artículo 146 de la ley estatutaria. En dicho artículo, el legislativo pretendió excluir de las sanciones aplicables en el marco de la JEP, a quienes hayan cometido cualquier tipo de delito sexual contra Niños, Niñas o Adolescentes; estableciendo, además, que a dichos infractores se le aplicarían las penas y sanciones contempladas en el Código Penal, no teniendo derecho a ninguna clase de beneficios, incluidos los propios de la JEP.

En dicho artículo, el legislativo pretendió excluir de las sanciones aplicables en el marco de la JEP, a quienes hayan cometido cualquier tipo de delito sexual contra Niños, Niñas o Adolescentes Clic para tuitear

La Corte, decidió declarar la inexequibilidad del artículo 146 en su totalidad, porque, además de considerar muy relevantes las intervenciones ciudadanas que solicitaron su declaratoria de inconstitucionalidad, llegó a dos conclusiones: 1) que la JEP sí tiene competencia para conocer de los delitos sexuales contra menores, cuando los mismos hayan sido cometidos “por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”. ¡Já! Mucho me temo que la JEP -absurdamente- determinará que fueron todos; y 2) que la JEP, al asumir la competencia basada en la inaudita e inexplicable condición antes descrita, no puede aplicar sanciones que no sean las consagradas en el artículo 13 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017, o esa, aquellas que derivan del Acuerdo Final.

Aunque no sorprende que la Corte Constitucional se haya embarcado en el tren de La Habana, seguramente convencida de que su destino será ‘una paz estable y duradera’, queda la sensación de que tal convencimiento ha llevado a algunos magistrados de ese alto tribunal, a tomar decisiones antes de fundamentarlas. Pareciera, en uno que otro caso, que primero identifican qué resulta necesario declarar inconstitucional a fin de no estropear la “espectacular” implementación del Acuerdo Final, y luego argumentan su decisión en interminables sentencias contenedoras de puntos de vista, algunas veces, muy fáciles de controvertir. En este caso, bastaba darle prioridad a lo que es prioritario (los niños, las niñas y los adolescentes) para llegar a conclusiones tan elementales que no hubieran exigido tanta explicación:

1. Los derechos de los menores de edad víctimas de delitos sexuales, están muy por encima de los derechos de sus victimarios.
2. La agresión sexual a un menor de edad NUNCA tendrá como justificación NADA. Mucho menos la cometida “por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”.
3. No había que poner a la JEP a aplicarle a los agresores sexuales de menores, las sanciones contempladas en el Código Penal. Simplemente, hay que enviar a esos agresores a la justicia ordinaria.

Mientras nuestros jueces no envíen el claro y contundente mensaje de que la niñez es sagrada, este será un país condenado a no merecerla.

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