El nuevo presidente de la JEP, antiguo magistrado de la Corte Constitucional doctor Eduardo Cifuentes, abrió el martes pasado (10 de nov.) un debate nacional con el que trató de justificar la conducta de la controvertida institución que preside que surgió de los acuerdos de paz para consagrar, con apariencia constitucional, la impunidad a quienes fueron, por voluntad propia y sin provocación de nadie, los verdugos sangrientos de esta patria durante los cincuenta años de su dominio en los campos y, como se sabe ahora que han confesado el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado y el cuasi de Germán Vargas Lleras, en las ciudades, en alianza con los sicarios y figuras del narcotráfico. Así lo confesó el tal Lozada, que ahora es senador. Comprendo que esa paz era necesario conseguirla al precio muy alto de la impunidad, Pero como dice el dicho popular, “Bueno es culantro, pero no tanto.”
Cifuentes ha tratado de dar justificación a la libertad que otorgaron al pavoroso maleante llamado Seuxis Pausias Hernández, conocido en la vida criminal como José Santrich, nombre que adoptó cuando entró a militar hace largo tiempo en el grupo terrorista conocido como las Farc-Ep.
Miremos el asunto en su propia fuente. Primero digamos que es del dominio público el dicho popular de que cada sastre alaba su aguja. Y por supuesto el doctor Cifuentes tiene, digamos que el derecho, a alabar la suya. Pero vamos con cuidado, porque el asunto no es inocuo ni se puede permitir que a base de un principio falso como es el conocido sofisma de “petición de principio”, que consiste en dar por demostrado precisamente lo que se debía demostrar, entre a capa el doctor Cifuentes a justificar a la Jep en un comportamiento ilícito, absolutamente injustificable.
La libertad que otorgaron a aquel Santrich, no obstante el cúmulo de evidencias que se hicieron del dominio público cuando los medios todos dieron a conocer los videos en los que aquel personaje siniestro, aparentemente cegatón, negociaba la cantidad de quinientos kilos de cocaína pura, con los que él creía que eran los miembros del Cartel de Sinaloa, convencido además de que estaba dando inicio a una negociación de larga duración.
iMás surgió el inconveniente de que los personajes no eran los que decían ser, sino que hacían parte de un grupo selecto de la DEA. Y hasta habían partido un billete por la mitad como prueba única de “honor criminal “, para que Santrich conservara una y los socios la otra. Signo de que se trataba de un negocio “honorable” desde el punto de vista del hampa.
El episodio lo grabaron los mismos agentes de la DEA y la noticia corrió como pólvora. Es de advertir que antes no cursaba en la Fiscalía investigación alguna contra Santrich. Se adelantaba sí una instrucción preliminar contra una banda dentro de la que figuraba un sobrino de alias Iván Márquez y otros más, que estaban atrapando contratos indebidos de corrupción, precisamente con los dineros que el gobierno había destinado para los gastos de la paz.
Bien, estos hechos son sabidos hasta la saciedad y hacen parte del conocimiento público. Lo que quiere decir que para acreditarlos como elementos probatorios basta con allegarlos de cualquier medio de comunicación a la carpeta, que antes conocíamos como el expediente. Lo que acabo de decir no es una afirmación discutible, sino que pertenece al exigente mundo que gobierna las pruebas judiciales.
Ahora bien, ocurre que con las evidencias vividas y recaudadas por la agencia oficial americana el gobierno de los Estados Unidos inició ante el gobierno colombiano una tramitación de extradición del personaje que había adoptado el nombre de “Santrich”, al que le habían seguido la pista; y fue él mismo quien se involucró, no inducido, en el delito de narcotráfico cobijado con una prueba visual y testimonial directa. Fueron muchos los cassettes que grabaron, para efectos del juzgamiento en aquel país de esa banda criminal colombiana. Por cierto, el sobrino de Márquez admitió su culpa y entró a negociar con la justicia americana su situación y la de sus coautores, Este sujeto sigue preso en USA.
La tramitación de la solicitud de extradición se hace por el gobierno colombiano sin trámite alguno de pruebas. Simplemente se solicita el concepto formal de la Corte Suprema de Justicia, según el código de procedimiento penal. Se diría que eso no tiene dificultad alguna y son reiterados los trámites, lamentablemente, que en ese sentido se cumplen desde hace muchos años ante el máximo Tribunal. En realidad no corresponde a la Corte Suprema colombiana entrar a resolver sobre si existe o no responsabilidad penal, que ese es resorte exclusivo del país que pide la extradición. O sea que la Corte colombiana no va a calificar las pruebas ni a estudiar culpabilidad o no. Eso le corresponde al país solicitante. Es su función.
Por lo tanto, jamás se piden copias del expediente ni del acervo probatorio al país que solicita. Salvo unos aspectos simplemente formales.
Pero parece ser que estos principios elementales se le han escapado a quien debe ser un jurista muy experimentado como el doctor Cifuentes. Porque no existen para él.
Hay otro agregado y es que el criminal Santrich estaba acogido al proceso de paz colombiano y se encontraba subjudice ante la JEP para obtener los beneficios y ventajas de los acuerdos de paz.
Hay que dejar claro, como condición sine qua non, que para ser acreedor a esos beneficios pactados es necesario que el beneficiario no vuelva a delinquir después de firmados los acuerdos. Éstos se firmaron el día 24 de agosto de 2016.
O sea que, en un caso tan aberrante como éste, lo único que debía hacer ese tribunal especial era comprobar si los nuevos hechos criminales habían sucedido antes de esa fecha, en cuyo evento se subsumían dentro de los beneficios pactados.
Pero si objetivamente se acredita que habían ocurrido con posterioridad a esa fecha (la de la firma del acuerdo), el sujeto Santrich o los que fueran en su mismo caso que estuvieren incursos en conductas antijurídicas y culpables, quedan por fuera de los beneficios bajo acuerdo y se les debe aplicar el peso completo de la ley. Ese es el acuerdo, hoy en día parte de la Constitución Nacional.
No obstante la claridad, eso no fue lo que aconteció en este caso, para vergüenza de los colombianos. Porque, sin que fuere de su resorte, la JEP solicitó a la Fiscalía la totalidad de la prueba que militara en contra de ese sujeto, como lo reconoce el doctor Cifuentes. Y hasta se atrevió a pedir al gobierno americano la totalidad del recaudo probatorio.
Mas como ni el gobierno de los Estados Unidos ni la Fiscalía colombiana, como lo ha dicho el exfiscal Néstor Humberto Martínez, pudo suministrar ese expediente completo, en una actuación sin antecedentes en el ejercicio del tratamiento diplomático de la extradición, la JEP violando la ley y los acuerdos, no tuvo ningún inconveniente en decretar la libertad del sujeto, cosa que repitió la Corte, desoyendo las pruebas válidas que había aportado el propio señor Fiscal, sin que fuere necesario atender cuestiones de competencia. En materia penal la prueba en Colombia debe recaudarse por el Fiscal; y después se adjudica la competencia. O sea que pruebas que aporte la Fiscalía son válidas al igual que la medida de aseguramiento que soportaba Santrich.
Estos son temas de derecho que bien conoce el doctor Eduardo Cifuentes, pero que deliberadamente no cumplieron.
Y ¿Qué pasó después? Hubo un espectáculo grotesco -la justicia espectáculo- en el que vimos impotentes el desbordamiento de esa entidad llamada JEP y de la Corte Suprema de Justicia, al alimón, violando la ley y favoreciendo con la libertad a uno de los criminales más ofensivos en el camino del asesinato, el secuestro, el narcotráfico, los crímenes ecológicos, la extorsión y el secuestro. Fingió estar herido y salió en silla de ruedas ostentosamente a recibir beneficios y honores en el Congreso. Todo fue grotesco y repugnante.
Todo esto ocurre para mal de Colombia, porque la JEP, como debe saberlo el presidente actual y la anterior, violaron ofensivamente la ley colombiana. Ordenaron posesionar como parlamentario a semejante antisocial e hicieron, jugando al olvido que vendrá, que nada de estos procedimientos aberrantes trascendería a la historia. Se posesionó en la Cámara y luego, con protección de malandrines como él que eran sus escoltas oficiales como parlamentario, huyó entre las sombras de la noche hacia el país cómplice de Venezuela -que algunos quieren que traslademos a Colombia con otro madurismo nacional- desde donde, con alias Iván Márquez, El Paisa y otros verdugos, han irrumpido en aras de mantener el imperio de la droga y del terror como una disidencia más de las Farc.
Es realmente triste que esto ocurra, porque estoy seguro que, por mamertos que sean los contradictores, no pueden quitarle la razón al exfiscal Néstor Humberto Martínez ni a este observador que recoge el eco de estos hechos tortuosos y mira con tristeza tales desafueros.
