Colombia ha sido el único país del mundo donde los criminales tienen su propio tribunal, sus propias leyes y sus propios castigos. Gracias a un acuerdo de impunidad en donde se buscó desde el día 1 eso se legitimó a través de triquiñuelas las masacres, las extorsiones, la trata de personas, los secuestros y el tráfico de narcóticos. Con el discurso de la paz afianzaron la guerra.
Es de no creer que en un país democrático como Colombia un grupo insurgente y criminal haya doblegado las instituciones obviamente con la ayuda de la burocracia gobernante en aquel momento. Las FARC no hubieran llegado a donde están si Juan Manuel Santos como presidente de Colombia haya hecho respetar la Constitución y la ley.
En el mamotreto llamado “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” que no tiene otro contenido que la absolución de los crimines de las FARC, la persecución contra militares y el Estado y la mentira más grade que se le haya hecho a una sociedad de que la paz iba a llegar está el horror más grande, la creación de una jurisdicción al servicio de los delincuentes.
Es el lavadero de penas de la narcoguerrilla de FARC. Le dijeron al país que una justicia transicional haría menos engorroso el trámite en la investigación de delitos y en consecuencia habría penas más rápidas y contundentes contra los que habían participado en el conflicto armado. Mentiras.
Empezaron una persecución sin cuartel contra el Estado colombiano, las Fuerzas Militares son objetivo judicial de la JEP al igual que ciudadanos del común. Quienes combatieron desde la legalidad cumpliendo las reglas de juego del Estado según ese tribunal son los mayores responsables de la guerra en Colombia. Los ciudadanos debemos preguntarnos si son responsables quienes defienden la vida de todos o quienes atentan contra ella.
En todo caso, la JEP como institución judicial no es legítima, pues el 2 de octubre de 2016 en el plebiscito quedó clara la voluntad popular, los colombianos NO aceptábamos ese acuerdo claudicante entre gobierno y narcoguerrilla y en este sentido la Jurisdicción Especial para la Paz no se debió crear.
Gobierno Santos por congraciarse con la guerrilla y por vengarse de sus rivales políticos pasó por encima de la voz del pueblo y suscribió un narco acuerdo, claro, ya tenía compromisos adquiridos previamente con la guerrilla que no podía incumplirles, uno de ellos la creación de un tribunal de bolsillo para ellos.
La JEP es un tribunal tripartito, por un lado, busca que los máximos responsables de crimines atroces queden limpios, de otro lado, busca que el Estado colombiano sea el único responsable del conflicto y por ultimo busca a toda costa perseguir a todos aquellos que se atrevan a decir algo en contra de FARC, proceso de paz o del gobierno Santos. La JEP es un peligro para la sociedad, la única garantía que ofrece es la garantía de que los jefes de la guerrilla que libres e impunes.
Desde que ese tribunal empezó a “trabajar” han sido más los auxilios para los jefes guerrilleros que para las víctimas. La JEP es el tribunal que entre otras cosas representa el contenido total de lo que se negoció en La Habana. Colombia fue engañada cuando dijeron que el centro del acuerdo sería las víctimas, pero lo que en realidad pasó fue que el centro eran los victimarios.
La JEP dejó escapar a alias Jesús Santrich y muchos mantuvieron el silencio cómplice, la JEP tiene magistrados públicamente enemigos de Colombia, adversarios de la Fuerza Pública, ideológicamente cercanos a la izquierda marxista y leninista a la cual pertenecen las FARC. Luego es evidente que allá trabajan únicamente personas que quieren reescribir la historia por venganza política e ideológica.
Es falso como muchos dicen que la JEP está destapando los peores escenarios criminales de la historia de Colombia, por ejemplo, dónde existe una investigación rigurosa y juiciosa de la masacre de las FARC en Bojayá, ellos sí, responsables directos de ese macabro evento. Pero se atreven a decir que hubo 6402 falsos positivos y que se encargarán ahí si con juicio a investigar esos hechos. Lo peor es que emiten cifras alteradas provenientes de ONGs cercanas a Iván Cepeda y grupos de extrema izquierda, ¿dónde está la objetividad en la investigación?, obvio en ellos no existe esa palabra.
Las FARC pudieron cambiar de nombre, pero a Colombia no se le olvida que ahora los llamados comunes fueron los responsables de los más atroces crímenes y que la JEP como ese tribunal de bolsillo trabaja para reescribir la historia según les dicta el secretariado o la jefatura de ese grupo. Un acuerdo no puede borrar las culpas atroces.
