Mi responsabilidad académica no me permitiría hablar de una “dictadura de Juan Manuel Santos” a pesar de que fue un gobierno que abiertamente y de manera constante paso por encima de la voluntad popular expresada en la urnas. Ni siquiera sabiendo que su reelección es una de los hechos electorales que más tambalean en la historia reciente de Colombia. Sin embargo, teniendo en cuenta la agilidad con la que algunos Honorables Congresistas y sus seguidores usan el concepto contra Álvaro Uribe o el Presidente Duque se podría decir que ellos cogobernaron y apoyaron una de las peores dictaduras de la historia de Colombia, la dictadura de Santos.
El intento de la oposición de llamar a paro por un supuesto “Golpe de Estado” es una estrategia a todas luces demagoga para cualquiera que tenga un bagaje teórico, histórico, conceptual e incluso contextual básico. Quienes promueven el discurso lo saben, son conscientes de lo que intentan hacer y hasta me atrevería a decir que lo hacen de manera consensuada, pero eso no les importa, porque no les bastó con dividirnos de manera maniquea entre amigos y enemigos de la paz, sino que ahora la meta es separarnos entre Uribistas y antiuribistas, como si unos fueran los buenos y los demás fuéramos los malos (los que debieran enviarse al ostracismo) ¿Sabrán que el maniqueísmo es una de las principales estrategias no solo de los populistas, sino que ha sido implementado por todos los regímenes dictatoriales de la historia?
Algunos dirán que esta columna está basada en el llamado “espejo retrovisor” que tanto critican quienes defienden el gobierno anterior, yo preferiría llamarlo por su verdadero nombre: una aplicación muy básica del método comparado. El cual no gusta mucho a algunos políticos del país porque devela su falta de rigidez conceptual y la maleabilidad de sus posturas políticas en el tiempo, sin hablar de sus ejecutorias muchas veces marcadas por el transfuguismo meramente oportunista. Además, cómo no hablar de los errores de un gobierno que se caracterizó por actuar mal en muchos sentidos y cuyo único logro es un acuerdo de paz que se cae bajo su propio peso y por cuenta de sus propios firmantes.
Un gobierno que ejecutó medidas antidemocráticas de la manera más descarada y evidente, incluso llegando a pasar por encima de la voluntad más sagrada del Estado, la del constituyente primario en las urnas. Lo más curioso, es que aquellos que hoy se rasgan las vestiduras hablando del Golpe de Estado en Colombia y la dictadura del Uribismo, a base de mentiras y especulaciones, son los mismos que avalaron y acompañaron dicho mandato cuando hacían parte de la llamada “Unidad Nacional” o como debió llamarse: “la bancada de la mermelada”, incluyendo a los Partidos independientes que si bien no se declararon de gobierno, acompañaron muchas de sus gestas e incluso participaron indirectamente en el gabinete.
Da la impresión de que a dichos líderes se les olvida que apoyaron a un gobierno que aparentemente se reeligió con los dineros de Odebrecht y utilizando la maquinaria estatal para favorecerse; minando la oportunidad de que el escenario electoral fuera verdaderamente justo y competitivo. Un candidato que perdió en primera vuelta y resultó misteriosamente ganador en la segunda, un expresidente que se encuentra hoy en la palestra pública porque muchos de los cómplices del fraude están confesando mientras que él pretende hacerse un “Samper” y decir que todo fue a sus espaldas ¿Reelegirse con dineros ilegales y usar la maquinaria estatal para ganar las elecciones no es una actitud dictatorial?
Ahora bien, se supone que en democracia se deben respetar los comicios electorales y las decisiones que se tomen en las urnas, pues la elección popular es la expresión máxima de la soberanía del pueblo. Parece que eso no pensaban algunos de nuestros líderes cuando hace más de cuatro años avalaron que el Gobierno Santos desconociera la victoria del No en el plebiscito. Una victoria sorprendente teniendo en cuenta los recursos que desplegó el Gobierno a favor del Sí y las arbitrariedades que se cometieron contra quienes patrocinaron el No. Eso sin contar los cambios que se le hicieron al umbral del mecanismo de participación para que fuera aprobado con mayor facilidad ¿Desconocer las decisiones de las urnas y cambiar las reglas de juego a favor del Gobierno de turno no es dictatorial?
A lo anterior se le suma la implementación del Fast Track, un mecanismo que permitió que el gobierno pasara a pupitrazo por el Legislativo unos acuerdos que definirían nuestros destinos por los menos durante la primera mitad de este siglo. Algo evidente fue la ausencia total de debate de los proyectos y el desconocimiento de los cambios que quisiera hacer la oposición a los mismos, pues todo tenía que ser autorizado por Gobierno, y me temo que también debía serlo por terroristas de las Farc ¿Usar los cuerpos colegiados para legalizar lo que ya fue negado por el constituyente primario no es una actitud dictatorial?¿No es bastante parecido a lo que hace Maduro con la Asamblea Constituyente en Venezuela?
La intromisión del ejecutivo en los otros poderes públicos fue evidente, como si el sistema de frenos y contrapesos fuera un mero saludo a la bandera, tanto así que se infringieron presiones para que el legislativo eligiera Magistrados que apoyaran el proceso de Paz en la Corte Constitucional. En ese tiempo el Senador Roy Barreras, líder de la Bancada de la Mermelada, vigilaba los votos de sus copartidarios en congreso e impulsa la ampliación del mandato Presidencial de Juan Manuel Santos ¿Infringir presiones a las otras ramas del poder para que elijan funcionarios afines a las políticas de Gobierno no es dictatorial?
Hoy algunos líderes políticos parecen ya haber olvidado sus posturas en el gobierno pasado. Se inventan Golpes de Estado sin golpista y dictaduras sin dictador, demostrando el vacío teórico y el predominio del discurso simplista en la discusión de los temas relevantes del Estado. Más bien me atrevería a decir que quienes han buscado un Golpe de Estado y la instauración de una dictadura son aquellos que han minado la institucionalidad y la legitimidad de un Gobierno desde su posesión el 7 de agosto de 2018; los mismos que han servido de defensores de oficio a probos criminales de Lesa Humanidad.
