La seguridad del proceso electoral de 2022, que es la base de nuestra democracia, merece una atención especial. No debemos ser ingenuos: hay quienes quieren perturbar el desarrollo libre y limpio de las próximas elecciones presidenciales y las técnicas son cada vez más sofisticadas y están continuamente expandiendo sus horizontes. Casos recientes – prorrogar los mandatos cuando éstos finalizan – han demostrado los riesgos para los ciudadanos de ser blanco de campañas masivas de desinformación en línea destinada a sembrar la desconfianza y crear tensiones sociales e influir en el proceso electoral en curso. La llegada de las redes sociales ha provocado la proliferación de las campañas de desinformación para manipular los procesos electorales, influir en la opinión pública, maniobrar los debates políticos y sociales. De hecho, con objeto de influir en la opinión pública y captar la atención de los votantes en los períodos preelectorales, las tecnologías modernas de las comunicaciones pueden utilizarse para la desinformación sistemática y agresión verbal con objetivos ideológicos o políticos y comportamientos basada en datos vagos y ambiguos que demuestran un desprecio temerario por la información verificable (propaganda). Ideas, incluyendo «noticias falsas» o” información no objetiva» para engañar intencionalmente al público e influir deliberadamente en el resultado de las elecciones. La desinformación o difusión de información manipuladora de los votantes -tanto dentro como fuera de internet- plantea una amenaza directa (amenazas híbridas) no solo para la capacidad de las personas de adoptar decisiones políticas con conocimiento de causa y otros valores democráticos, sino también distorsiona el debate público, socava la confianza de los ciudadanos en las instituciones y los medios de comunicación. Puede tener consecuencias de gran alcance para todos los interesados, instigar al enfrentamiento, fomentar las tensiones sociales en la sociedad, causar daños públicos y ser percibidos como una amenaza para los procesos políticos y de formulación de políticas democráticos, incluso socavar los sistemas electorales y tener un impacto más amplio en la seguridad de los ciudadanos. La exposición de los ciudadanos a una desinformación intencionada y destinada a influir en los procesos electorales (a veces denominada «falsa» o «falsa» noticias») a gran escala, presentada y difundida con fines de lucro económico, representa un gran reto de cara a las elecciones políticas y la integridad de los procesos electorales de 2022. La creación de un entorno de desconfianza y miedo obstaculizan la capacidad de los ciudadanos de tomar decisiones informadas. “Los votantes deben ser capaces de emitir y formar sus opiniones independientemente, libres de violencia o amenazas, obligación, incentivos o interferencia manipuladora”.
En 2014, el Foro Económico Mundial identificó la rápida difusión de desinformación en línea como una de las diez tendencias principales de las sociedades modernas. Según determinados informes, más de treinta países utilizan la desinformación e influyen en las actividades de diferentes formas, incluso en sus propios países. La difusión de desinformación ha entrado a formar parte de una guerra híbrida con un objetivo político claro. “La desinformación se define como información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población, y que puede causar un perjuicio público”. Sin embargo, no incluye los errores de información, la sátira y la parodia ni las noticias y los comentarios claramente identificados como partidistas. El perjuicio público comprende amenazas contra los procesos democráticos políticos, que van desde las campañas masivas de desinformación engañosa o completamente falsa hasta servir de pretexto para desacreditar y deslegitimar las elecciones y, por lo tanto, influir en la opinión pública y los decisores. Y es por eso por lo que todos debemos trabajar juntos con urgencia para fortalecer nuestra resiliencia democrática.
Con vistas a las elecciones al Congreso y la presidencia de 2022, alentamos al gobierno y a las autoridades nacionales competentes a detectar las mejores prácticas para la identificación, mitigación y gestión de los riesgos que las tácticas en línea de manipulación y desinformación plantea para las campañas electorales con miras a lograr una mejor comprensión de las fuentes de desinformación y las intenciones, herramientas y objetivos que subyacen a esta, incluidas acciones de carácter normativo como sanciones. A menudo, la desinformación también respalda ideas y actividades radicales y extremistas poco ética e irresponsable, en ocasiones escudándose en la libertad de expresión. El derecho a la información y la libertad de prensa son, en efecto, derechos fundamentales, pero debemos luchar contra todo abuso de este derecho si la desinformación se emplea deliberadamente para perjudicar a la sociedad. Por lo tanto, antes de las elecciones del próximo año, es esencial reforzar la resistencia democrática y asegurarse de que las reglas fuera de línea creadas sobre transparencia y para proteger el proceso electoral de la interferencia también se apliquen en línea. Asimismo, la necesidad de aplicar medidas adicionales para garantizar un debate democrático saludable, estudiando posibles medidas para proteger la integridad de los procesos electorales y garantizar la transparencia de la publicidad política, empoderando a los ciudadanos para combatir la difusión de desinformación en línea y la gravedad de la amenaza de la propagación de contenidos falsos, la difamación, el alarmismo y la incitación al odio. Esto da una idea del flagrante incumplimiento de algunos principios democráticos fundamentales y el Estado de Derecho, manipuladora de la libre voluntad de los votantes y participación electoral, que demuestra un gran desprecio por la democracia y los ciudadanos ¡que rechazamos firmemente! Amen
