La ministra barranquillera Karem Abunidem, quien dicho sea de paso ha desempeñado sus funciones con admirable eficiencia y sobrada transparencia (¡como debe ser!); anunció recientemente una noticia que no ha tenido toda la trascendencia que merece.
La funcionaria no exagera al calificar como histórica la aprobación senatorial del “proyecto de ley que declara el internet como un servicio público esencial y universal en el país”.
Lo que viene como consecuencia de esto, ¡es aún más impactante!: la reducción de la brecha que nos separa en un país con altos niveles de inequidad. Principalmente por falta del acceso a una educación igualitaria con altos estándares de calidad. Superarlo, contribuye a saldar una deuda social histórica con todos los colombianos, y además borra la frontera entre la Colombia rural y la Colombia urbana, dado que todos estaremos compartiendo desde cualquier lugar de nuestro territorio (y aún fuera de él) la magia tecnológica que nos deparará una calidad de vida digna y decorosa.
Sin duda, la conectividad del 70% de los colombianos en el año 2022 -como lo anuncia la ministra- contribuirá a dar un salto cualitativo y cuantitativo en la denominada revolución del conocimiento, que tanto necesitamos para atacar frontalmente la pobreza extrema que humilla a quienes la padecen y ofende a quienes por acción u omisión la toleramos.
Sin duda la categorización del internet como servicio público esencial y universal es un gran avance, y su implementación un reto formidable para el actual gobierno.
Sin embargo, allí no se detiene el tema.
Consecuente con este reconocimiento nos aproximamos vertiginosamente a concederle el estatus de derecho fundamental y la consecuencia jurídica de este los usuarios de las redes podrían proteger su derecho a una adecuada cobertura y eficiencia a través del mecanismo extraordinario que nos ofrece la tutela.
El 31 de marzo de 2020, en pleno inicio del confinamiento y las restricciones, que aún perduran voluntaria u obligatoriamente en junio de 2021, publiqué algunas reflexiones en una columna que titulé “¿Acceso a internet: ¿Derecho fundamental por conexidad?”.
En ella planteaba -entre otras- los siguientes hechos, definiciones, antecedentes y premisas:
- Se entienden por derechos fundamentales todos aquellos de los cuales es titular el hombre por el mero hecho de serlo, es decir que le pertenecen al ser humano sin distinción de raza, sexo o religión o condición socioeconómica. Se les ha dado varias denominaciones: derechos humanos, derechos del hombre, derechos de la persona, para luego definirlos como derechos fundamentales
- El aislamiento obligatorio adoptado con ocasión de la pandemia del Covid-19, ha reactivado la discusión sobre si el acceso al internet es un derecho fundamental
- En el año 2011 se discutió -¡y se negó en el congreso de la republica!- la incorporación de este derecho al texto de la reforma constitucional que cursaba en esa época en el congreso de la república
- Concurrentemente, ese mismo año se presentó a la Asamblea General de las Naciones Unidas un Informe signado por el señor Frank La Rue, en el que pretendía demostrar que el acceso a internet debía contemplarse como un derecho humano por ser necesario para el ejercicio efectivo de la libertad de expresión y el acceso a la información
Lo anterior nos obliga a concluir que, desde 1011 hasta 1021. se perdió una década de oro para la adopción de políticas como la que ahora, en enhorabuena, anuncia la señora ministra de las TIC
Por tanto, aplaudimos la decisión adoptada por el actual gobierno y por el congreso de república. Lo que sin duda nos coloca a la vanguardia de la comunidad de naciones que atendieron este imperativo histórico.
Pero no podemos soslayar ni dejar de repudiar la negligencia del anterior gobierno, que por andar en tareas “non sanctas”, postergó 10 años un requerimiento que de haber sido atendido oportunamente quizá hubiese preservado el desarrollo sostenible de nuestra economía y el consecuente bienestar general de nuestros compatriotas, mediante el robustecimiento de una plataforma de comunicaciones virtuales capaz de mitigar las secuelas sanitarias y económicas de la pandemia.
