Expropiaciones Paz

@SophyCh_E

Expropiaciones Paz. Columna de Sofía Casas Clic para tuitear

Ante los siete años de conversaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y los Narcoterroristas de las FARC (las cosas por su nombre) llegaron a un acuerdo de 297 páginas, que después de pasar por el voto popular, fueron negados por el pueblo colombiano y obligados a hacerle unas modificaciones de 30 puntos quedando en 311 páginas. Lo que me sorprende de todo esto, es que muchos colombianos no leyeron estos acuerdos y todavía están con algunas dudas sobre este proceso, insisto, sólo sirvió para engañar a todo un pueblo cansado de más 50 años de conflicto armado.

Por el bien del país, los que tuvimos la oportunidad de leerlos, se hace necesario una nueva lectura, y los que no lo han hecho deberían hacerlo. Es realmente angustiante lo escrito allí; porque no es sólo la entrega de Colombia al Narcoterrorismo, sino también el doblegamiento de nuestras Fuerzas Militares (FF.MM.) e instituciones, el debilitamiento de nuestra democracia y el acabar con el poco Estado de derecho que nos queda. Aparte de todo esto, hay unos puntos que también son muy importantes que los colombianos no están teniendo en cuenta por el hecho de estar  enfocados en lo difícil que es el aceptar la participación en política de criminales de lesa humanidad sin pagar un día de cárcel, crímenes sexuales y reclutamiento de menores que deben pasar a la justicia ordinaria (cabe recordar que el reclutamiento de menores no es amnistiable ni indultable ante la CPI) y sobre todo lo maquiavélico que es la justicia creada a la medida de los bandidos para pasarse por la faja la ley y disfrutar de las mieles del indulto y la impunidad, la JEP. Pero lleguemos al punto donde el acuerdo de paz se divide en tres pasos:

1-JEP – Justicia diseñada a la medida de los bandidos, persecución a la oposición y Fuerzas Militares (FF.MM.).

2-Reforma Agraria  o Reforma Rural Integral (expropiaciones) – Decreto Ley 902 de Mayo de 2017

3-Lavado de activos – Decreto Ley 903 de Mayo de 2017

Abordemos el punto 2 que es de los más importantes y es el que muchos colombianos están ignorando, y es nada más y nada menos que una Reforma Agraria o Reforma Rural muy parecida a la creada por Hugo Chávez en Venezuela; misma que hundió a este pueblo en el yugo del comunismo disfrazado de ‘REVOLUCIÓN’, lavándoles el cerebro con el cuento de que los ricos le quitan lo que le ‘pertenece’ a los pobres, llevando a la clase media a la pobreza y los más pobres a la mismísima miseria, acabando así con el campo venezolano, la empresa y propiedad privada. Hoy esta nación está completamente perdida y sumergida en el fango de la miseria donde nadie voltea a mirar, y si la miran, la miran como si no estuviera sucediendo nada. Es esta misma reforma la acordada entre el gobierno colombiano y la narcoguerilla de las Farc auspiciada por Cuba, que se traduce solamente en expropiaciones. En el acuerdo está estipulado que para la desmovilización de este grupo Narcoterrorista, aparte de hacer el lavado de activos más grande en la historia de Colombia (Decreto Ley 903 Mayo 2017) hay que entregarles 3 millones de hectáreas. Entiendo que una de las metas del acuerdo de paz, es la ampliación del número de campesinos propietarios de tierras, pero, ¿De dónde saldrán estas tierras? ¿Hay tierras no trabajadas o no productivas que le están quitando a la supuesta élite para acabar el latifundio y así poder dárselas a la guerrilla y no a una verdadera familia campesina dónde ninguno de sus miembros se ha alzado en armas en contra del Estado en busca de beneficios? Este decreto ley me crea muchas dudas, y de hacerse efectivo, abrirá una gigantesca brecha que nos llevará al abismo entre el campo colombiano, la inversión extranjera y la propiedad privada.

Este decreto ley me crea muchas dudas, y de hacerse efectivo, abrirá una gigantesca brecha que nos llevará al abismo entre el campo colombiano, la inversión extranjera y la propiedad privada. Clic para tuitear

 En mi concepto, lo entendido sobre lo acordado, es el llegar a la expropiación y eso será el tocarle la columna vertebral al país en lo que cabe, expreso nuevamente, la empresa-propiedad privada y sobre todo la inversión extranjera, expropiando no solo en el campo, sino también en las ciudades; lo cual es tan importante para el desarrollo de un país que hoy se siente amenazado ante el aumento de  la presencia de grupos armados al margen de la ley, carteles de droga y contrabando, que al generar tanta inseguridad no permiten el crecimiento del país.

Analicemos parte del Decreto Ley 902 de 2017 Hoja Numero 3 donde es clara la expropiación:

“Que asimismo el informe presentado en el año 2014 por la Misión para  la Transformación del Campo Colombiano-instancia creada por el Gobierno Nacional para definir los lineamientos de política pública con el fin de contribuir a la adopción de mejores decisiones para el desarrollo rural requiere medidas que revisen la forma como históricamente se han asignado y legalizado los derechos y la tenencia de la tierra y sugiere la revisión de las normas vigentes relacionadas con la formalización”.

También hay un punto donde deja claro que la legislación agraria le ha otorgado históricamente a las instituciones gubernamentales la facultad de administrar la propiedad, incluso de extinguir la propiedad cuando no se cumple su función, y recientemente el legislador asignó a las entidades competentes la función de resolver asuntos de informalidad, e inclusive la propiedad privada.

Recordando la ruta a la presidencia 2018, comparto la propuesta en campaña cuando era precandidata a la presidencia por el Centro Democrático, la Senadora María del Rosario Guerra, la cual se hace necesaria analizar y tomar en cuenta para evitar la expropiación en Colombia y no terminar como la Venezuela que Chávez destruyó:

1. Seguridad Jurídica a la propiedad rural
2. Impulsar el desarrollo productivo
3. Revocación de este decreto que tanto daño hace a la propiedad privada

Lo preocupante de todo esto, es que las Farc insisten en que esta reforma servirá para acabar con los cultivos ilícitos, y hoy, Colombia, se ahoga en un mar de Coca de más de 209.000 hectáreas, demostrando así, que lo acordado en La Habana es una total falacia.

También es preocupante que el gobierno de Juan Manuel Santos al firmar este acuerdo, empoderó al narcoterrorismo debilitando así al Estado colombiano al “blindarlos” y haciéndolos parte de nuestra constitución para evitar modificaciones a futuro. No olvidemos: “En derecho las cosas se deshacen como se hacen”. Sí se pueden acabar los ‘Acuerdos’ Santos-Farc, pero no es la idea. Estoy de acuerdo en hacerle modificaciones importantes al acuerdo, como lo son en la parte de perdonar crímenes atroces premiados con curules sin pasar por una cárcel, crímenes sexuales a menores y el lavado de dinero sin reparar a sus víctimas; a los guerrilleros rasos reclutados desde niños y obligados a estar en un conflicto que ellos no pidieron estar, darles beneficios especiales y ayudas desde el Estado para su reincorporación a la vida civil. El exigir una paz con justicia, sin entregar ni doblegar a todo un país, sin pasar por lo escrito en la constitución y el no acabar con la propiedad privada como lo quieren ellos (es su Modus operandi), no nos convierte en enemigos de la paz.

El exigir una paz con justicia, sin entregar ni doblegar a todo un país, sin pasar por lo escrito en la constitución y el no acabar con la propiedad privada como lo quieren ellos, no nos convierte en enemigos de la paz. Clic para tuitear

Mi sugerencia: El Presidente de la Republica, Iván Duque Márquez, y su equipo de trabajo, deben revisar punto por punto este decreto ya pasado por la Corte Constitucional, el cual le dio vía libre el 12 de Julio de 2018 y que hoy amenaza silenciosamente a nuestro Estado de derecho, la democracia, la empresa y propiedad privada no sólo en el campo, sino también en las ciudades, afectando así la inversión extranjera; el recuperar la confianza inversionista viene de la mano de garantizar la seguridad.  Un país sin estas condiciones está condenado al fracaso.