El primer derecho de los ciudadanos es el de que su dinero sea gestionado y gastado correctamente, sea más humano, más próximo a los más necesitados y, mientras no haya quedado claramente demostrado, no se debe… Clic para tuitearLa pandemia del Covid 19 sienta una buena base para debatir los principales desafíos que afronta ahora la Colombia en los próximos años. Hay mucho por discutir. El tiempo pasa rápido cuando hay tanto desastre, hace más de un año se desató la epidemia del Covid 19 y tuvo que declararse el estado de emergencia a nivel estatal que ha tenido y está teniendo naturalmente unas considerables repercusiones en las condiciones de vida y la estabilidad económica del país, pero también plantea una auténtica amenaza a la cohesión social y el aumento de las tensiones, lo que podría llevar a exacerbar el malestar social y la violencia. Esta es la apremiante cuestión a la que nos enfrentamos ahora; una gravísima catástrofe para el país y la especie humana, una verdadera arma de destrucción en masa, esto constituye un problema sustancial que sigue sin resolverse. La Colombia está, aunque cueste creerlo, en guerra, millones de ciudadanos sufren las consecuencias de una pandemia y emergencia grave cuya consecuencia es la pobreza y cuyas causas están fuera de su control. La política aplicada hasta la fecha no ha sido precisamente un éxito, ha resultado ser inadecuada, inexcusablemente ineficiente y desigual, motivado bien por los errores y la ineficacia de las estructuras burocráticas, o bien por maniobras políticas de ocultación y los actos de equilibrio políticos. Uno se queda atónito. Y las grandes medidas imaginables para paliar las dificultades de los ciudadanos, ya se trate de medidas financieras (indemnizar a los comerciantes y las microempresas por sus esfuerzos de adaptación) o de medidas técnicas y/o de organización, han sido resueltamente descartadas. Esto genera inseguridad para el ciudadano y tiene en parte consecuencias ruinosas. No basta con que el gobierno actual reconozca los errores de la gestión económica del anterior gobierno o la magnitud y la gravedad de la emergencia, pero no consiga encontrar ninguna vía para su solución. En este aspecto, una pequeña parte de responsabilidad indirecta recae sobre el gobierno, que debería haber adoptado una normativa más clara sobre las ayudas y la subvencionabilidad de los gastos sino del derecho mismo de los beneficiarios a percibir las ayudas. La gravedad de una emergencia determina el nivel de respuesta, las buenas intenciones deben dar paso a una acción rápida y eficaz que salve vidas y acelere la recuperación. Es evidente que no se puede responsabilizar directamente al nuevo gobierno, aunque no todos sus miembros sean nuevos, por el desfalque del país. No obstante, es sin duda responsable de la manera en que afrontó este lastre del pasado, puesto que una aclaración sin cortapisas ni lagunas de dichos casos le hubiera permitido desmarcarse positivamente de su predecesora. La situación plantea un grave desafío para el liderazgo del gobierno y su capacidad de responder a la crisis actual. La creciente inquietud de los ciudadanos por las consecuencias económicas se ha expresado en las redes sociales y las anunciadas manifestaciones.
Y por si no bastara con eso, el gobierno planea una profunda reforma tributaria para hacer frente a la crisis, sobre las que ha informado la prensa, un sufrimiento aún mayor para la población, un mayor malestar social en el futuro, que los puede llevar a situaciones insostenibles, en la que no son parte ni responsables de ella. ¿Qué significa la reforma tributaria para estas personas? ¿No podemos revisar todo esto? ¿No podemos discutirlo? El gobierno ha izado su banderita de «reforma tributaria» dominada por el liberalismo o alguna creencia en especial, pero existen obligaciones morales universales, éticas y humanas respecto de nuestros conciudadanos. Pagar más impuestos no representa para nosotros los intereses de la mayoría de la población que ven cómo se van reduciendo sus derechos y a muchas personas privadas de los elementos básicos para la vida, saltan a la vista de toda la opinión pública; una construcción en las antípodas de la democracia y de la satisfacción de las necesidades sociales y que se ha convertido exclusivamente en una prenda de manipulaciones y maniobras políticas partidistas. Sobra decir que la situación es delicada; y sobra decir que es un asunto serio que no admite improvisaciones, por lo que hay que tratarlo como tal, cargado de consecuencias desde el punto de vista jurídico, económico y político. Esta responsabilidad del gobierno y del congreso ante el ciudadano y el contribuyente tiene mucho peso, al asumir la responsabilidad democrática legítima que su electorado le ha conferido y la rendición de cuentas en la aplicación de medidas. Las normas que condicionan las relaciones económicas y el comercio deben prestar servicio a los intereses de los trabajadores, no deben afectar a los derechos fundamentales sociales, deben ayudar al desarrollo de los ciudadanos, respetar el medio ambiente y el derecho del pueblo de ejercer ellos mismos el control y decidir su futuro. No podemos dejar de afirmar nuestro distanciamiento y crítica de los aspectos muy negativos, en particular de la reforma tributaria, cosa que no sólo no resuelve el problema, sino que, además, agrava la crisis en materia de asuntos humanitarios y las situaciones de pobreza y desempleo. Si los principios fundamentales tiene un sentido, comencemos velando por el respeto del artículo 1 de la Constitución, consagrado a los valores y la cohesión social, los derechos humanos y una ética de solidaridad de la Colombia y redactado como sigue, la Colombia es un Estado social de derecho fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. De conformidad con su objetivo y responsabilidad de hacer todo lo posible por: “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación(artículo 2). La reforma tributaria del gobierno no puede seguir entendiéndose como la recitación de tópicos carentes de sentido y debates metafísicos sobre las ventajas y desventajas de diversos modelos económicos, sino más bien como la determinación de acabar con feudos y capillas burocráticas, la prevención de los fraudes y las irregularidades, ahorrar en el presupuesto del Estado y hacer vivir con dignidad a todos los ciudadanos, yo comparto por completo la opinión de que las insuficiencias en la gestión del presupuesto son sencillamente inaceptables en determinados ámbitos, indica que algo no marcha en el intercambio de información entre controlador y controlado. La política económica debe basarse en reglas claras y transparentes y tener amplitud de miras. El exceso de secretismo en la toma de decisiones, la falta de reglamentos claros crea grandes dudas. Las reacciones populares de tal dimensión muestran que la sociedad no ha aceptado las regulaciones del gobierno, los pueblos cada vez entienden mejor que la única solución es reaccionar y contraatacar. He aquí por qué, queridos lectores, el pueblo no se pueden permitir el lujo de dormirse en los laureles.
El primer derecho de los ciudadanos es el de que su dinero sea gestionado y gastado correctamente, sea más humano, más próximo a los más necesitados y, mientras no haya quedado claramente demostrado, no se debe conceder la aprobación de la reforma tributaria. En el pasado hemos descubierto con demasiada frecuencia que no se cumple lo prometido. Por tanto, espero que aporten respuestas. Si no se producen mejoras radicales en la gestión económica, los contribuyentes sabrán reaccionar contra este abuso irresponsable de su dinero. En ese marco hay que evitar que se instaure un clima de venganza política entre las principales instituciones y partidos políticos. Sin embargo, no hay que confundir la lucha contra la mala gestión, contra las irregularidades, contra los fraudes, la mala gestión con un arreglo político de cuentas o ataques ad hominem. El control del ejecutivo es una competencia central del Congreso y el control presupuestario es el núcleo central del mismo. El gobierno y el Congreso tienen que colaborar, tienen que mejorar la transparencia en relación con el Presupuesto y con su ejecución. Personalmente, yo desearía proponer en el futuro de mayores posibilidades de control cualitativo y sobre el terreno sobre la utilización de los recursos presupuestarios. Los burócratas del gobierno deben entender que no son los señores feudales de Colombia, sino los servidores de los ciudadanos colombianos, mostrar menos arrogancia y más respeto. Quizás, después de todo – no hay mal que por bien no venga –, los ciudadanos se darán cuenta, a principios del año próximo, de que en realidad poco han contado en el establecimiento de la reforma tributaria. Y a lo mejor extraen algunas verdades generales sobre la auténtica naturaleza del gobierno. No se trata de minimizar los problemas ni tampoco de alentar el sensacionalismo; más bien era necesario que ejerciésemos una presión positiva y nosotros concebimos nuestra decisión como una oportunidad, no como un castigo. Amen
