El país se estremeció esta semana con la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que impuso detención domiciliaria al ex presidente Álvaro Uribe Vélez, lo cual será el inicio de un largo trasegar ante la Corte.
Esta decisión de la Corte dividió al país: Muchos de los áulicos en la oposición celebraron la medida, e incluso, apresuradamente llegaron a la conclusión de que “se hizo justicia” cuando lo cierto es que la Corte no ha llegado ni llegará pronto a una conclusión respecto de la responsabilidad penal de Uribe.
Otros, por su cuenta, llamaron al respeto a la institucionalidad y a la Corte Suprema de Justicia y a confiar en el Estado de Derecho, lo cual sería una reacción sensata si en Colombia, pudiéramos asegurar que la Corte es verdaderamente independiente, libre de escándalos de corrupción y de exmagistrados sub judice que manchen la credibilidad en la justicia. No es el caso de nuestra Corte Suprema.
Decir que no existe relación entre el caso Uribe y el caso Santrich es querer tapar el sol con un dedo. Se supone que la Corte toma decisiones en derecho respecto de las garantías constitucionales de sus procesados, sean de apellido Uribe o de alias “Santrich”, pero no deja de ser interesante cómo hace poco más de un año, la Corte, a través de la Sala Penal, brindó todas las garantías a alias “Santrich” para que afrontara el proceso judicial en libertad (a pesar de que todo el país sabía que terminaría fugándose a Venezuela y de la abundancia de evidencias en su contra) y decida esta semana privar de la libertad a Uribe, motivándolo en una providencia cargada de verborrea para dar apariencia de rigurosidad.
1500 páginas, sin precedente en la historia judicial, fueron necesarias para motivar una simple medida de aseguramiento reducidas a un parrafillo donde consideran privar de la libertad a Uribe era necesario “por cuanto resulta imperioso separar al aforado y restringir al máximo de lo posible el acceso a los medios de los cuales se ha valido para persistir, en una actividad orientada a obstruir la justicia”.
Ojalá la Corte hubiera sido tan rigurosa para considerar lo que todos los colombianos sabíamos: Que alias “Santrich” no solo haría uso de todos los medios posibles para obstruir justicia, sino que haría lo posible para huir hacia la protección del régimen de Nicolás Maduro para desde allí, con fusil en mano, amenazar a los colombianos y burlar la justicia, con el favor del Senador Iván Cepeda, quien hoy es parte en el proceso contra Uribe y el aplauso de algunos sectores políticos que en su momento vieron el hecho como un espaldarazo a la paz.
Lo cierto es que, en este caso, pareciera que, para la Corte, lo importante no era decidir en derecho, ni mucho menos las garantías, lo importante era privar de la libertad a Uribe quien atendió sin falta a todos los llamados de la justicia, para condenarlo desde ya, así sea moralmente, toda una “kangaroo court”, como la que describió Philip Paxton en 1853 para describir a las Cortes que ignoran el debido proceso y llegan a conclusiones predeterminadas.
De ninguna forma criticar la decisión de la Corte es una reevaluación del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la verdadera discusión debe centrarse en el hecho de que la Corte Suprema se ha afanado en enterrar política y moralmente a Uribe filtrando apartes del expediente, concediendo entrevistas y sacando comunicados por doquier, minando su propia credibilidad y convirtiéndose en un arma de destrucción política al servicio de Cepeda y las FARC.
Tras conocerse la decisión y quizá para ponerle fin a un sinnúmero de filtraciones, Uribe solicitó a la Corte hacer público el expediente. La Corte Suprema de Justicia, muy a pesar de los miedos y las amenazas del Senador Cepeda debe acceder, el país tiene derecho a conocer TODA la verdad, no únicamente los extractos que aparecen a cuentagotas en El Espectador o en las columnas de Daniel Coronell. ¡Qué no nos vengan a decir que no es posible legalmente para proteger la presunción de inocencia de Uribe cuando han venido contándole al país su propia versión de la historia!
Mientras escribo estas letras suena en varios diarios del país que Francisco Ricaurte, ex presidente de la Corte Suprema, revelaría detalles de un segundo cartel de corrupción en la justicia, otra olla podrida que se destaparía para terminar de minar la credibilidad de la Corte que parece estar al servicio de algunos y no para impartir justicia. Ojalá se sepa toda la verdad, no solo Ricaurte, sino Bustos hoy prófugo, tienen muchas verdades que contarle a Colombia.
Que este exabrupto de la justicia en Colombia sea la oportunidad para poner sobre la mesa discusiones que han sido olvidadas pero que son necesarias: una reforma a la justicia o una asamblea nacional constituyente que recupere la credibilidad e integridad a la justicia. Los colombianos no podemos seguir a merced de una justicia clientelista, ideológicamente parcializada y corrupta.
PD: A los magistrados de la Sala de Instrucción Penal: Que el Magistrado Reyes sea igual de diligente en la investigación que adelanta contra Gustavo Petro por el caso de los fajos de billetes de Juan Carlos Montes, o el Magistrado Alarcón sea igual de riguroso en la investigación que adelanta en el caso Odebrecht y la participación del expresidente Santos y ni que decir del Magistrado Rodríguez quien sigue investigando a “Jesús Santrich” por narcotráfico, muy a pesar de que su investigado está hoy en Venezuela.
Todas son verdades que el país merece saber a pesar de que su afán y sus esfuerzos se centren en Álvaro Uribe Vélez. Al fin y al cabo, como han repetido hasta la saciedad esta semana, nadie está por encima de la ley.
