Coronavirus un crimen de agresión directa contra la humanidad

@boteroitaly

La pandemia de COVID-19, en términos legales, representa un crimen de agresión directa contra la humanidad, de los definidos en los instrumentos internacionales elaborados para adoptar disposiciones respecto de tales delitos, o bien un ataque a nivel global a los derechos fundamentales de los ciudadanos y una amenaza auténtica para el desarrollo humano sostenible; políticamente, no solo constituye un agresión contra nuestra población civil, sino también una violación de los tratados internacionales. El COVID-19, considerada la «alta patogenicidad», supone un riesgo grave para la salud pública y la salud humana, incluso contra la propia vida y la actividad económica, también contra nuestra seguridad pública y las fundamentales funciones de nuestro organismo que es una obra muy acabada. 

Esta pandemia apocalíptica es una amenaza a la sociedad entera, a la misma sobrevivencia de los pueblos habitantes del planeta y el bienestar de la humanidad porque fomenta y amplifica la injusticia y la pobreza, con graves consecuencias económicas, sociales y ambientales amplias y devastadoras, y por ende la sobrevivencia de comunidades enteras. El COVID-19 no solo ha costado un número incalculable de vidas, ha paralizado y bloqueado al mundo entero y la adopción de medidas altamente restrictivas, como el cierre generalizado de fronteras, medidas de vigilancia y control obligatorias para combatir la cepa del virus y la erradicación, pero también ha sido un infame ataque contra la salud mundial, además, una amenaza insidiosa contra todos los Estados y las regiones. Pasará a la historia como una ignominia y un atentado a los valores de todas las civilizaciones, así como una clara e inminente amenaza contra la sobrevivencia del mundo y nuestro modo de vida, contra nuestra sociedad y la libertad que disfrutamos. 

Nadie puede lavarse las manos ante semejante tragedia por consideraciones políticas o para defender posiciones estratégicas o debido a la falta de voluntad política dictada por la política del poder. La humanidad jamás justificará esta pérdida de vidas humanas, muchos menos esa vil acción contra nuestra existencia, contra el bienestar actual y futuro de las nuevas generaciones y contra los derechos civiles de todos nosotros, cuáles sean las circunstancias. Es algo indefendible e inmoral. Es indefendible desde el punto de vista jurídico e inaceptable desde el político, el ético y el moral.  

La responsabilidad de garantizar la seguridad pública, incluidas la de la salud pública y del ambiente de un modo que respete los derechos humanos y la dignidad humana de los ciudadanos corresponde principalmente a cada Estado. A pesar de las numerosas comunicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ningún gobierno había previsto este tipo de eventos, más aún estaban muy mal preparados y equipados para tratar dichas crisis, para afrontar la pandemia y los múltiples obstáculos que surgieron en el curso de la evolución de la enfermedad, así como para instituir medidas de prevención. Es decir, ningún país estaba preparado para todas y cada una de las eventualidades.

 Los malos resultados de los Gobiernos deslegitiman sin duda a los partidos que los encabezan, pero un clima de irresponsabilidad en el que los burócratas mediante omisiones o irresponsabilidad y negligencia aumentan los riesgos de determinado tipo de catástrofes que a veces son evitables deslegitima, desestabiliza, rompe y, a largo plazo, destruye a todo el sistema.  

Lo que está fuera de toda duda es que quienes por descuido o indolencia permitieron la propagación del virus tienen que asumir personalmente una responsabilidad histórica y responsabilidad tanto política como moral por sus propias prácticas, la responsabilidad derivada de dichos daños. Si los individuos tienen que gozar de la libertad, entonces también tienen que asumir la responsabilidad de las decisiones que toman.

La crítica debe ser permitida y el debate no debe ser sofocado. Si un Estado no cumple la responsabilidad de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, especialmente si no tiene la voluntad de hacerlo, pierde el derecho a invocar la soberanía como argumento para evitar una intervención internacional que pretende ejercer esta responsabilidad. Sinceramente, el problema de la responsabilidad de la propagación del virus, la incompetencia y falta de visión son: por un lado, en un 100% del gobierno chino (violando impunemente el Derecho internacional) y en una mínima parte de la OMS al perder esa semana crucial (esos 10 días de 21 de enero al 30 de enero de 2020) no haremos más que confirmar que está en manos de burócratas y tecnócratas, y por otro, un 100 % de los estados que fueron informados por el comité de seguridad de la OMS – según el art 43 de su Reglamento que la consideró realmente una situación de emergencia internacional- el 31 de enero corrientes; sin embargo, los varios gobiernos hicieron caso omiso de la orden, con los resultados trágicos que todos sabemos. En cualquier caso, esto no es responsabilidad exclusiva del Gobierno chino y de la OMS, sino que todos los Gobiernos deben responder por ello. 

La Iglesia nos recuerda puntualmente cada año durante la Semana Santa: Pilatos, se lavó las manos frente a la multitud, diciendo: “No soy responsable de esta sangre. “Lavarse las manos como Poncio Pilato” se ha convertido en una metáfora de la indiferencia culpable o para reforzar una decisión tomada que, tal vez, no convence por completo, o por haber violado una regla o causado una desventaja a otros con su propia acción o con su omisión.

Exigimos a los gobiernos y a las administraciones públicas, sin manipulación, que cumplan plenamente sus compromisos con relación a sus poblaciones nacionales, de concienciar a la población acerca del COVID-19 y de los factores y peligros que facilitan su contagio y propagación, incluida la de reforzar las precauciones de seguridad: cumplir más diligentemente con las responsabilidades de bienestar de su oficio. Y a la sociedad civil pedimos ocuparse de que estos derechos no se abusen o se ignoren. Debemos depositar directamente en los Gobiernos nacionales la responsabilidad de proteger la salud pública de su población. Me parece que éste no es el momento de los aplausos, vítores y gritos: es el momento de dar marcha adelante, adelante con decisión. Amen

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