Hoy quiero plantear una vez más el problema de la inmigración ilegal y los temores sociales que debería ponerse en el orden del día político, pues son el núcleo de lo que constituye un Estado soberano, la seguridad de los pueblos y las comunidades, de nuestra vida y de nuestra supervivencia. El problema de la inmigración ilegal y las medidas que podrían tomarse en un futuro próximo – en los procesos de determinación del estatuto para los solicitantes de asilo que deberá concretarse jurídicamente, ligándolo directamente a un conjunto de derechos o deberes claramente reconocibles y justiciables – es lógicamente un problema complicado, pues no se trata solo de una cuestión de protección de nuestras fronteras, sino que además entran en juego otros factores como la prevención del crimen en el ámbito local, el mantenimiento del orden público en el país o el bienestar público, los servicios jurídicos y judiciales, y la seguridad por parte de la policía en su propia jurisdicción. El crimen del patrullero en la capital por parte de un inmigrante ilegal es un atentado contra el orden público en el país de acogida, y ha puesto nuevamente de relieve los peligros que amenazan al sistema democrático cuando no se fortalece la autoridad del Estado y la gobernanza en todo el territorio, la seguridad del Estado y del pueblo y la protección de los ciudadanos frente a los atentados contra la vida y la propiedad. La inseguridad pública, la violencia y su corolario tantas veces citado de la inmigración ilegal aparecen como primeras prioridades claras para los ciudadanos y las principales fuentes de preocupación para una población que de forma creciente mira más allá de sus fronteras con más miedo que optimismo y pide a gritos justicia y el arresto de los criminales convictos y no quiere que la violencia quede impune. Los flujos de inmigración ilegal y el crimen organizado que demasiado a menudo la sustenta son, en parte, la consecuencia de la creciente inseguridad ciudadana, la violencia urbana, el menosprecio por los derechos de los demás y el aumento vertiginoso de la criminalidad. Estos factores alimentan la demanda para el acceso a las armas de fuego ilegales en el país que causan la muerte a policías, soldados y civiles, lo que lleva al conflicto y la inseguridad entre comunidades. Es un tema en donde se entremezclan la retórica, la demagogia y el burdo populismo.
¿Por qué negarse a ver que la falta de regulación concertada de la inmigración ilegal plantea una amenaza a la seguridad y sólo conduce a la violencia y la inseguridad cotidianas de las que son víctimas millones de nuestros conciudadanos, al desastre económico, la desintegración social y la vulnerabilidad de las poblaciones?
Esa es la cuestión fundamental. La sabiduría popular dice que todas las cosas tienen un momento oportuno y creo que debemos actuar urgentemente. Responde en este caso a una petición importante de la opinión pública y a una necesidad claramente demostrada, ya que las actividades delictivas traspasan las fronteras y el trato de esas cuestiones afecta a todos por igual, al interés común. Hacer frente a los factores de atracción de la inmigración clandestina, el trabajo no declarado y el empleo ilegal y hacer eficaces las políticas de lucha contra la migración ilegal y el crimen organizado son los principales objetivos para los próximos años, en particular mediante la ejecución eficaz de sanciones disuasorias. El método que debemos aplicar, y no quisiera que hubiera ambigüedad en este sentido, no puede consistir simplemente en una legalización indiscriminada y colectiva; estoy en contra de la legalización indiscriminada e irresponsable, o, dicho de otro modo, de una uniformidad que no tiene en cuenta las diferencias entre los refugiados que escapan de la violencia y los criminales «refugiados, delincuentes y condenados (por ejemplo, los criminales de guerra), que encuentran refugio idóneo en el territorio colombiano. Esto es incompatible con la aprobación de medidas que protejan a los actores de actividades ilícitas.
Es realmente vergonzoso y sin duda deshonroso proporcionar un refugio seguro a esos presuntos criminales. Ignorar lisa y llanamente las diferencias de los demandantes de asilo y aquellos que están dispuestos a utilizar cualquier medio para cometer sus actos criminales y propagar el miedo no es de recibo. Desde una óptica práctica y política solo tenemos una opción, que es la de justicia y seguridad, con medidas complementarias a los controles actuales de la veracidad de los registros de antecedentes penales para eliminar la posibilidad de que los criminales y terroristas usen esta laguna en los controles y la colaboración administrativa entre las autoridad policiales, así como un marco común de cooperación judicial y policial entre los Estados para el desarrollo de las investigaciones y las persecuciones, siempre que cada uno asuma la responsabilidad que le corresponde. Al proceder así, el gobierno se asegurará de que la Colombia no sirve de refugio a los peores criminales. Porque debemos enfrentarnos a los hechos.
El mal gobierno y la falta de regulación concertada de la inmigración ilegal y el crimen conduce sistemáticamente a un desastre social. Los hábitos se arraigan. El desgaste deja sus secuelas. Hay que Gobernar el problema de la inmigración ilegal y el crimen sin retórica ni segundas intenciones ni con medidas populistas. Los ciudadanos esperan de la Colombia más seguridad y estabilidad en el interior, pero quieren que se respete su identidad nacional, que se mantengan unas estructuras policiales eficaces y un orden público adecuado, así como el respeto de una cierta calidad de vida.
Quieren comprender mejor las políticas de integración de la inmigración ilegal, desean mayor claridad y mayor control de las fronteras, asilo e inmigración y dar una respuesta a la lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo, con objeto de evitar incoherencias y solapamientos. Los ciudadanos quieren también conocer mejor quién hace qué en Colombia, dónde están las responsabilidades y a quién se puede pedir cuentas. La Colombia debe escuchar sus expectativas, mostrar que dispone de las capacidades y de la voluntad necesaria para responder a los nuevos desafíos.
El gobierno nacional y local deben ejercer sus responsabilidades, deben afirmarse, con sus propios valores en un mismo pie de igualdad y articular una respuesta común a los retos y desafíos que plantean los flujos migratorios en todos sus aspectos y al crimen sin fronteras, especialmente los irregulares (intensificar la recogida, suministro, intercambio y uso eficiente de informaciones y datos actualizados), aprovechando las soluciones que se han experimentado y la experiencia adquirida en otros países. Y conceder en fin toda su importancia a la voluntad de hacer converger un orden público que haga más eficaces los sistemas nacionales y locales de orden público y respete plenamente los valores fundamentales de libertad y justicia. Estas particularidades explican y condicionan su éxito.
En conclusión, a partir de la enumeración compleja de las acciones y los procedimientos actualmente previstos, el Gobierno nacional deberá definir y aclarar los objetivos prioritarios de la Colombia; deberá señalar para cuáles de ellos puede aplicarse el reconocimiento del asilo o status legal de refugiado que disfrutan de protección internacional o que escapan de la violencia, entre los que se incluyen los niños y para cuáles no es necesario (números importantes dada la magnitud demográfica y la precaria condición económica del país) y el establecimiento de las condiciones generales y los procedimientos que deben utilizarse para garantizar la eficacia y la rapidez del proceso de decisión, y cómo brindarles apoyo; intensificar el control y vigilancia de las fronteras y la lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo, garantizando una coordinación eficaz de las autoridades, así como la cooperación judicial civil y penal cuando está justificado por actividades transfronterizas. Amen
