Durante más de 50 años Colombia ha tenido que combatir de frente el terrorismo, considerado como la acción delictiva indiscriminada para crear alarma social con fines políticos, pero esta es la primera vez que tiene que hacerlo en la virtualidad, desde donde se han fraguado e impulsado los más recientes hechos de violencia.
A partir del 28 de abril, cuando iniciaron las protestas, se ha dicho de todo para atizar el fuego que tiene ardiendo al país: que se decretó la conmoción interior; que las ambulancias transportan armamento; que aparecieron bolsas con cadáveres en Siloé; que se ordenó disparar en Sincelejo; que policías del ESMAD violaron a una joven; que el Gobierno quitaría la Internet para desarticular las manifestaciones, y miles de cosas más.
Las consecuencias de estas mentiras, premeditadas y difundidas hasta la saciedad, han oscilado entre la destrucción de bienes materiales, el descrédito de la fuerza pública, el declive de la economía nacional, el irrespeto por la misión médica y la pérdida de vidas humanas. Todo lo anterior, como lo indiqué al inicio, ha encendido la alarma social que busca capitalizar un sector político y que, desde luego, se constituye en terrorismo puro.
Blanco de esta sucia estrategia de campaña han sido las instituciones del Estado, y más recientemente, quienes respaldamos el ejercicio de la Fuerza Pública en el marco de las manifestaciones. Los ciberterroristas han revelado los números de contacto, dirección de residencia y otros datos personales de varios congresistas y militantes de Centro Democrático, exponiendo vilmente a sus hijos y demás familiares.
Ahora bien, vale la pena escudriñar acerca de los mercaderes del terrorismo cibernético. Empresas legalmente constituidas que se dedican a usufructuar la mentira bajo la figura de ‘Marketing de influencia’.
De acuerdo con una investigación de La FM, estas compañías ofrecen servicios de propagación y posicionamiento de contenidos, entre ellos noticias falsas o ‘fake news’, desconociendo que muchas de estas terminan generando hechos de violencia, como la quema de la Fiscalía en Popayán y el ataque a 16 ambulancias en Bogotá.
Ofrecen también ataques de ‘bots’, o cuentas ficticias, contra los personajes que su cliente considere como enemigos en las redes sociales. Sí, así como una especie de turba digital que va por la cabeza del que se muestre contrario a los intereses de su protegido. Quizá esto les recuerde al ataque de los k-popers, publicaciones masivas y de dudosa procedencia que aparecen en Twitter para boicotear las tendencias que intentan posicionar sectores afines al Gobierno.
Lo mismo hacen con cualquier ciudadano al que identifican con opiniones que no les favorecen. Lo atacan en manada con el objetivo de que sienta terror y como consecuencia elimine, se retracte, o nunca más vuelva a publicar algo en contra del sector al que los ‘bots’ defienden.
Dados los altos niveles de desinformación que registran las redes sociales, este tipo de empresas empleadas por la oposición deberían estar controladas, sin embargo, el citado artículo asegura que no incurren en ninguna conducta ilegal. Pero, entonces, ¿quién responde por los hechos de violencia que se registran como consecuencia de las noticias falsas escaladas a ciberterrorismo? los daños materiales; las amenazas acaecidas sobre servidores públicos y sus familias, los ataques a la Fuerza Pública; las vidas perdidas; la economía arruinada…
La situación actual nos convoca a todos en torno al uso responsable de las redes sociales y la Internet en general. Es nuestro deber no caer en el macabro juego de la desinformación, de las noticias falsas y las campañas sucias, así como expresar sin temor nuestras ideas, eso sí, con rigor y en aras de contribuir al debate. Ojo con el ciberterrorismo, con los mercaderes del odio y con el 2022.
