Agradeciéndole la atención que pueda prestar a esta carta le ruego, Señor Presidente, acepte la expresión de mi consideración más distinguida.
Señor Presidente, los enormes problemas humanitarios que ha generado la dictadura en el Venezuela, en particular la oleada de refugiados que han llegado ya a la Colombia no constituye únicamente un complejo problema social y político, sino que también es un asunto social y ético que debe resolverse adecuadamente. La mayoría de nosotros deseamos una inmigración regulada y una política de asilo que ofrezca protección y asilo a quienes son perseguidos o torturados o aquellos cuya vida o salud se encuentran en peligro y quienes, por lo tanto, tienen que ser tratados como víctimas y no como criminales potenciales. Todos queremos que la política de asilo y para los refugiados se base en el humanitarismo y en la certeza legal y responder de forma satisfactoria a las tragedias humanas que tienen lugar en nuestro suelo, pero ¿cuántos inmigrantes ilegales podemos aceptar? ¿Todos los que quieran? Me parece imposible. Sabemos muy bien que abordar los enormes desafíos que afronta la Colombia – amenazada por una oleada de refugiados hambrientos y de inmigración irregular que se produce en este momento – va más allá de la capacidad nacional existente y compromisos asumidos de actuación en esta materia. Entendemos las circunstancias que han llevado al Gobierno colombiano al aplicar su propia legislación en materia de inmigración e integración y la importancia del programa de regularización de millones de «refugiados” no quiere decir que la población esté de acuerdo con ello. De todos modos, debo confesar que no nos satisface plenamente el texto presentado relativo al Estatuto Temporal de Protección para migrantes venezolanos, porque crea casos inequívocos de abuso y explotación masiva, ya que, ciertamente, cada inmigrante irregular regularizado atrae a una multitud de nuevos inmigrantes, solo conducen a un mayor flujo de falsos solicitantes de asilo. Con frecuencia, este tipo de iniciativa están dictados por exigencias políticas internacionales (Convención de Ginebra) más que por una visión de conjunto de los intereses ciudadanos (consumidores, trabajadores y empresarios) o las necesidades específicas de ciertas categorías de la población o las prioridades de las partes.
Presidente Duque, si la Colombia no puede integrar satisfactoriamente a los inmigrantes y a los refugiados venezolanos y proporcionarles un marco de política de asilo que se caracterice por el humanitarismo y la certeza legal, la capacidad de actuar independientemente de cualquier intervención externa y de tener una condición social equiparable a la de los ciudadanos nacionales tenemos en nuestras manos una bomba de relojería que no tardará en explotar en forma de tensiones sociales y económicas dentro de la Colombia y de presión externa por parte de todos los que están fuera y quieren entrar. Para la credibilidad de la Colombia en este campo, debemos responder a las expectativas de la opinión pública, que ya no comprende qué ocurre con nuestra política en materia de inmigración. Ningún gobierno, organismo u organización puede lograr ningún cambio – a la hora de abordar los problemas humanitarios y en materia de protección que afectan a millones de personas – sin la consulta constante y abierta con las personas afectadas por este cambio. En este sentido, me gustaría hacer la pregunta del millón que todo el mundo ha tenido hoy en sus labios: ¿Por qué están ausentes el pueblo y la ciudadanía en este debate – asumible por nuestra sociedad – asumible en términos económicos, asumible en términos sociales–? Este proceso requiere una buena disposición tanto por parte de los inmigrantes a la hora de asumir la responsabilidad de integrarse en la sociedad de acogida (aceptando su ordenamiento jurídico y sus valores), como de las sociedades de acogida para aceptar e integrar a los inmigrantes. Se trata de una cuestión enormemente controvertida. Asimismo, ¿qué ocurre con las personas que ya no se sienten en casa en su propia ciudad, calle, como ocurre? ¿Qué ocurre con el auge de la inseguridad y la falta de voluntad deliberada de integrarse? El debate sobre derechos sin obligaciones que, por desgracia, también se expresa en este Estatuto, ha pasado a la historia. Este instrumento se emplea para regularizar las situaciones irregulares, creyendo por error que es posible encontrar empleo aquí, alojamiento como el cuidado de la salud, el bienestar social o seguridad de ingresos. A fecha de hoy, eso va a ser absolutamente imposible. Al mismo tiempo, con la crisis económica que ahora afecta a todos los países y a todos los pueblos y, en primer lugar, a los más vulnerables, la perspectiva de contribuyentes financiando a las minorías, los migrantes y los refugiados podían ocasionar protestas de ciudadanos enfadados y trabajadores indignados. Me temo que la situación va a empeorar bastante. Y lo que es peor, es muy peligroso la impunidad con la que los extranjeros pueden entrar en Colombia de forma ilegal, incluso para la cohesión del corpus social de Colombia, lo que podría ampliar el fenómeno de desapego de los ciudadanos con respecto a las instituciones. Se debería prestar especial atención a la prevención y resolución de los problemas que puedan surgir, principalmente por brotes esporádicos de violencia entre ambas comunidades en zonas en las que los niveles de confianza son bajos. También me preocupa -y hablo desde mi perspectiva personal- sobre contribuyentes financiando a trabajadores extranjeros y un amplio abanico de cuestiones relativas a protección social, salud pública y campañas de vacunación. El Estatuto Temporal de Protección no dice ni una sola palabra sobre los problemas sociales o socioeconómicos que existen actualmente. Creo que los efectos de este Estatuto van a ser devastadores porque va a hacer de los inmigrantes y del mercado de trabajo cada vez más competitivo y exigente. Son considerables los riesgos de exclusión de las poblaciones más desfavorecidas y otros grupos marginados y va a incrementar los delitos de explotación de patronos sin escrúpulos. Me preocupa que ninguno de estos aspectos se haya considerado lo más mínimo y que los estemos sacrificando debido a la prisa que tenemos por aprobar el Estatuto Temporal de Protección, pero los estadistas a menudo se muestran poco dispuestos a ofrecer lo que el público quiere realmente. El problema es que en aras de la solidaridad sacrificando tanto calidad como seguridad hemos impuesto el derecho a conceder permisos de residencia de corta o larga duración a inmigrantes ilegales. Podría llevar a miles de inmigrantes legales a la pobreza, la creación de guetos y la delincuencia y, aunque manifiestamente no podamos o vayamos a deportarles, esos inmigrantes legales pueden seguir sin empleo, se trata de un asunto muy serio. Por añadidura, debería estar claro que aviva las llamas de las guerras entre los pobres y echan más leña a su fuego.
A nuestro entender, como Demócratas, no hay nada malo en dejar de pensar sobre ello y dejar de considerarlo. Después de todo, ¿qué legitimidad tiene una Colombia que toma decisiones que son diametralmente opuestas a la voluntad del pueblo? Ha quedado superado y necesita urgentemente una evaluación exhaustiva. No somos proteccionistas, pero queremos que se actúe con sentido común. Queremos controlar nuestras propias fronteras y decidir quién vive, trabaja y se establece en nuestro país. Debemos enfocar la inmigración ilegal en todo su contexto. Debemos plantearnos dos preguntas muy simples: ¿la legalización en masa constituye un peligro para la seguridad nacional o una amenaza grave para el orden público, la seguridad o la salud? ¿estamos dispuestos a dar a los refugiados o emigrantes ilegales venezolanos, cualquiera que sea su forma, el lugar que les corresponde en la sociedad colombiana? Si la regularización de la inmigración tiene que ser una solución, tiene que ir unida al tema vital de consolidar las políticas de integración, la necesidad de promover una sensación de pertenencia, la unidad familiar y una legislación antidiscriminatoria – sino también cuestiones relacionadas con la diversidad cultural y religiosa, la ciudadanía cívica, la participación y los derechos políticos. Es una cuestión vital. Esto solo se podrá alcanzar si los inmigrantes se integran plenamente tanto en el mercado laboral como en la sociedad en general. Y es que, si deseamos adoptar una política migratoria manejable y fiable, que conceda derechos de protección a los refugiados y en la que podamos crear oportunidades transparentes para la inmigración legal, entonces necesitamos un enfoque que tome debida cuenta de todos los factores que estimulan y desalientan la inmigración ilegal (Jeanine Hennis-Plasschaert). Le corresponde a usted demostrar que estamos equivocados y, dado que mantenemos una actitud abierta, en tal caso estaremos dispuestos a admitir que lo estábamos. No se puede analizar el enorme reto que supone integrar a millones de inmigrantes o refugiados sin cuestionar los aspectos siguientes- que sabemos que tienen una carga política y son políticamente delicados: los procesos de regularización de los «sin papeles», las barreras a la reunificación familiar y los criterios para la concesión de visados, la promoción de medidas que faciliten el acceso al mercado laboral y la adquisición de cualificaciones profesionales, el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, a la educación, a la no discriminación y al bienestar, así como a la atención médica y a su derecho a seguro de enfermedad o reunirse con miembros de la familia, incluidas las políticas nacionales eficaces en favor de la integración social, económica y cultural de los inmigrantes en situación ilegal y las políticas en materia de educación, sanidad, vivienda y mercado laboral, así como el bajo nivel de educación o cualificación y la falta de voluntad de integración y de cooperación entre las partes interesadas. Creo que hay que tener en cuenta estos aspectos diversos, en particular, a la vista de la tradición lícita y los valores humanistas que forman el patrimonio que nuestra sociedad todavía comparte. Solo de esta forma todos los trabajadores y residentes venezolanos podrán sentir que participan y son responsables conjuntamente del futuro de la Colombia, compartiendo sus valores y contribuyendo a su crecimiento y a vivir juntos en paz y solidaridad. Asimismo, debemos recordar que no podemos aplicar políticas susceptibles de promover la inmigración ilegal, que conlleva el tráfico y la explotación de individuos. Es difícil avanzar en el ámbito de la gestión de la inmigración ilegal sin disponer de un marco general en materia de inmigración legal. Si la Colombia no avanza en el campo de la inmigración legal, el grado de armonización puede reducirse al mínimo común denominador y las acciones contra la inmigración ilegal no serán ni eficaces ni integradoras. Señor Presidente, solidaridad, progreso y seguridad son importantes, pero no bastan. Han de ir acompañadas de un contenido político práctico y concreto, acciones bien enfocadas y programas políticamente vinculantes que los ciudadanos puedan utilizar en sus vidas cotidianas. Por último, señor Presidente, si amplios círculos de la opinión pública tienen problemas con la inmigración masiva, lo que demuestra no es que sean xenófobos, sino que los inmigrantes en cuestión están deficientemente integrados.
Una vez más, quiero agradecer al Presidente de la República y les estoy muy agradecido por su atención. Amen
Nota
Siento gran amistad, solidaridad y respeto por el pueblo de Venezuela, que no solo es un país vecino, sino un país hermano, y me parece que nadie debería satanizar e infamar a la gente que huye de condiciones de vida imposibles con la esperanza de una vida mejor. Es verdad, y estamos muy conscientes de ello, que la situación humanitaria generada por la corrupción y la dictadura de Maduro está produciendo una fuerte corriente de refugiados y personas desplazadas hacia tierras extranjeras, es inevitable llegar a la conclusión de que el principio de no injerencia en los asuntos internos de un Estado no puede seguir gozando de una legitimidad incondicional y absoluta.
Debemos tener la valentía de concluir y reconocer que la Convención de Ginebra debe ser renovada. Esta Convención data del año 1951 y su principal objetivo era acoger a refugiados de las dictaduras comunistas. Es un producto de la Guerra Fría, que no satisface las necesidades actuales.
