¡Barájenmela más despacio!

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¡Barájenmela más despacio! Columna de José Ignacio Lombana Sierra Clic para tuitear

Termina una semana más en el país del Sagrado Corazón de Jesús, donde todo es posible, como en la dimensión desconocida: Una decisión de la Corte Constitucional que permite entender delitos sexuales de todo orden en contra de niños, que son verdaderos crímenes de guerra como conexos con delitos políticos cometidos en el marco de un conflicto armado y, por ende, es más grave una infracción de tránsito que una violación sexual sistemática a una niña. No contentos con lo anterior y estando ad portas de votar una consulta anti corrupción promovida por sectores políticos representados por personas de cuestionable reputación, que por demás no sirve para nada, solamente para que algunos avivatos ganen indulgencias con avemarías ajenas y cobren réditos políticos a costa del erario público, ahora resulta, que todos los contribuyentes, por cuenta del Consejo de Estado tendremos que pagar la condena a la Nación por el atentado al Club del Nogal, cortesía de las pobres y vilipendiadas FARC¡

¡Barájenmela más despacio y vayamos por partes porque no entiendo en dónde estamos parados!

De la decisión de la Corte Constitucional se ha dicho ya mucho, y en este mismo espacio ya dije lo que pensaba. Sólo faltaría agregar, que ante tal despropósito no deberíamos desgastarnos más, pues de su propio peso se cae tamaña afrenta a las víctimas y al pueblo colombiano. Pero claro, como somos libres, democráticos y respetuosos del ordenamiento jurídico (claro, cuando a los mamertos les conviene), entonces duélale a quien le duela, es una decisión judicial (que sólo garantiza la impunidad de los verdaderos bandidos) que debe ser acatada y respetada así no se comparta.

Pero ojo: en la Alemania Nazi, en el régimen Cubano, en el régimen de Mao y muchos otros tantos y para no ir tan lejos en el venezolano, todas las decisiones fueron adoptadas conforme a la Constitución y las Leyes de cada país, y las decisiones judiciales se consideraron justas por estar apegadas a las anteriores, y así de fácil, ocurrió la Segunda Guerra Mundial y otros tantos vejámenes en contra de la humanidad, los cuales generaron un nuevo orden internacional en materia de protección de los DDHH y persecución de las violaciones al DIH, de los crímenes de lesa humanidad y de guerra, por los que en su momento se impuso la pena capital, penas de prisión perpetua, etc. ¡Pero tranquilos, en Colombia tampoco quedaran impunes los crímenes de las FARC, porque para eso tenemos la flamante JEP y sus penas ejemplarizantes!

Y si creíamos que ya lo habíamos visto todo, ahora nos tocará pagar a todos los colombianos, a los de derecha, a los de centro y a los de izquierda, a todos, al menos a los que pagamos impuestos sin importar en dónde nos queramos ubicar, el que a las FARC se les haya ocurrido la brillante idea de cambiar el orden político y constitucional y construir la Colombia que fuera el paraíso soñado, volando en mil pedazos el Club El Nogal. Solamente falta que se equipare al fulano ese de Arellán con Ricaurte en San Mateo y le hagan un busto o se incluya en su honor una estrofa en el Himno Nacional.

El papel lo aguanta todo, y la teoría de la falla del servicio del Estado también. Ahora resulta que el Estado, y en su nombre las Fuerzas Militares y de Policía, y en general todos los organismos de seguridad de los que puede valerse, deben impedir cuanto atentado terrorista y aleve en contra de la inerme población civil haga cuanto criminal suelto hay en nuestro país.

Vi personalmente explotar ese 7 de febrero de 2003 el carro bomba cuando transitaba por la cera de enfrente del Club, siendo apenas un estudiante de derecho en la Javeriana, y presenciaba una vez más el horror del terrorismo y como los subversivos trasladaban una vez más la guerra a la ciudad. Lloré como todos los colombianos de bien aquel día por la impotencia y la frustración que algo así puede producir en cualquier ser humano. Claro, que no tenga su consciencia corrompida como la de los guerrilleros, hoy honorables parlamentarios de las FARC.

Las víctimas están en todo su derecho a reclamar ante la justicia; esa que cada día los ciudadanos de a pie vemos más lejana e inalcanzable, y por lo que supuestamente se votará una consulta anticorrupción, que no ataca la corrupción y que no solucionará el problema, y cuyo valor mejor sería usarlo para reparar a las víctimas.

Hoy siento la misma impotencia y frustración de aquel día del atentado cuando el Consejo de Estado me pasa como ciudadano la factura de los crímenes de las FARC, esas mismas que ahora legislan impunemente.

¡Y de la consulta anticorrupción ni hablar! La izquierda y la mamertocracia, recurriendo como cuando el Referendo del Si y el No a la estrategia de convertirnos ahora en corruptos a quienes no votemos la Consulta Popular del 26 de agosto, engañan una vez más al pueblo.

Se las barajo despacio: La pregunta 1 que habla de la reducción del salario de los congresistas, en nada acaba la corrupción. En efecto, nada tiene que ver con el saqueo del erario mediante una contratación corrupta con el salario de un servidor público.

Estaría de acuerdo si la pregunta fuera algo así: ¿le parece equitativo el salario de los Congresistas y Altos Funcionarios del Estado frente al salario mínimo que gana la mayoría de los colombianos?

No confundamos problemas de percepción de equidad y justicia social con corrupción.

No confundamos problemas de percepción de equidad y justicia social con corrupción. Clic para tuitear

Estoy de acuerdo que alrededor del legislativo como de muchísimas otras entidades estatales hay burocracia y prebendas que deben ser revisadas: viajes en primera clase, celular, carros blindados y escoltas, viáticos, etc. Esa es la verdadera corrupción, la que no se acabará subiendo o bajando el salario de los Congresistas, y de paso la de todos los funcionarios del Estado.

Claramente no se es más o menos parlamentario, más o menos digno si el Congresista llega al Capitolio Nacional manejando su propio carro, habiéndolo llenado de gasolina con su salario, o viajando en clase turista, que al fin y al cabo llega a su destino al mismo tiempo que el pasajero de primera clase. Evidentemente no es un problema de dignidad sino de egos, pero que, igual de claro es, no se resuelve gastándose una fortuna en preguntarle al pueblo si se le debe o no bajar el salario a los Parlamentarios.

Preguntas 2 y 3: La cárcel para los corruptos y la prohibición de contratar con el Estado.

Discúlpenme, llevo no menos de 15 años dedicado a estudiar el Código Penal Colombiano, y la verdad no echo en falta por ninguna parte las sanciones que ahora sí existirán gracias a la consulta popular.

El problema no es la ausencia de leyes en materia penal y en general, que ataquen la corrupción pública y privada en todos sus niveles y formas. El problema es de eficacia en la persecución del delito, por falta de una pronta y cumplida justicia, que no se da en la mayoría de casos por la carencia de recursos humanos y presupuestales suficientes y adecuados, no por ausencia de normas; y en algunos casos sensibles, por la corrupción en la Administración de Justicia, la que no se soluciona con la consulta popular, al menos no con la que se votará.

Señores promotores de la consulta: échenle por favor una miradita a la Ley 80 de 1993 con todas sus modificaciones, y cuénteme qué de novedoso tiene la propuesta de una contratación estatal transparente que trae el cuestionario que nos costará, según se dice, 300.000 millones de pesos responderles.

Y que tal una leidita, así por encimita, pero no a lo Simón Gaviria, al Código Disciplinario, al Código Penal, etc.

Señores, no inventen el agua tibia por favor. Al menos no con mis impuestos, que con tanto esfuerzo pago.

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Pregunta 4: Las veedurías ciudadanas ya existen. Pero una cosa es participar en la decisión de en qué se va a invertir el erario, para lo cual ya existen el Congreso, los Concejos, etc., para el debate democrático, y otra cosa muy distinta es a quién y cómo se va a contratar para que ejecute el presupuesto, que es en donde se presenta principalmente la corrupción. Lo otro es meterle irresponsablemente demagogia, haciendo peligrar la regla fiscal y demás, a la planeación del gasto público.

Pregunta 5: Es apenas obvio que los congresistas deban rendir una mínima cuenta de su gestión. Pero la pregunta es inane porque no prevé una consecuencia para quien no lo haga. Pero, además, eso ya existe. ¿o se les olvida las reglas en materia de impedimentos e inhabilidades que hoy día operan, junto con las tantísimas normas que regulan la actividad parlamentaria?

Pregunta 6: Por qué no se le dice mejor a la ciudadanía que todos los congresistas, hoy en día, sin votar la consulta anticorrupción, cuando asumen sus cargos deben presentar esa declaración de bienes y de patrimonio en general, y que además declaran renta todos los años, y que si se les comprueba que se han enriquecido ilícitamente el Código Penal hoy vigente los sanciona ejemplarmente, y que la legislación vigente hoy, antes de votar la consulta popular, permite extinguirles el domino de los bienes habidos ilícitamente?

Pregunta 7: Esta sí es la tapa. No porque esté de acuerdo con los atornillados en el poder. ¡Ni un Gerlein más! Pero este es un asunto que implica la reforma de la Constitución Nacional, lo cual no puede hacerse mediante una consulta popular.

¿Por qué engañan al pueblo haciéndole preguntas que todos quieren contestar Si, pero que a la postre no sirven para nada porque no combaten de raíz ni superficialmente el problema de la corrupción, y que a pesar de que el SI logre superar el umbral electoral, tampoco podrá ser acatable el designio popular porque no es el mecanismo idóneo para modificar la Constitución Nacional?